La controversia constitucional presentada por la consejería jurídica no es más que un intento por crear una tercera instancia, después de haber perdido la primera y la segunda. Por eso, si la Corte hubiera declarado procedente la controversia constitucional, hubiéramos estado ante una interpretación sin precedentes del juicio de amparo hecha desde el poder judicial en beneficio de las autoridades.

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El combate a la corrupción y la impunidad debe trascender el entendimiento tradicional, basado únicamente en instituciones jurídicas. Es aquí donde se vuelve cada vez más necesaria la movilización social: una academia que arroje luz sobre futuros posibles, un periodismo que denuncie pasados inaceptables y un activismo que materialice estas demandas en el presente.

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