Las elecciones son mecanismos al servicio de la sociedad para castigar o premiar la gestión pública. Analizando los resultados electorales de los recientes comicios pareciera claro que la ciudadanía expresó su hartazgo por los malos resultados de la actual administración en el combate a la corrupción. Atender este hartazgo y llevarlo a buenos resultados de gobierno serán responsabilidad de los más de tres mil funcionarios recién elegidos bajo este criterio.

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No sólo es correcto contar con un servicio profesional de carrera, sino que es imperativo y de ninguna manera incompatible con una reducción de gastos. Existen caminos que permitirían recuperar y perfeccionar el sistema, uno de ellos es su reconcentración en la SFP, evitando el control del proceso en cada dependencia, al tiempo que se permita la participación de la sociedad civil como método de control mediante un comité de supervisión.

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La moraleja detrás de estas evidencias apunta a que no existen diferencias morales categóricas entre los seres humanos. Sea que los individuos se encuentren entre extraños o entre compañeros de escuela, sea que se trate de contribuir a la comunidad o de ganar una recompensa, todo parece indicar que los fenómenos de corrupción florecen con la oportunidad

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Es casi un cliché decir que la era de la tecnología presenta muchos retos para la democracia y la rendición de cuentas; no obstante, es claro que el gasto de internet, su utilidad y su regulación debe ser una de las principales agendas de política pública en los próximos años.

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En la contienda a la presidencia, el tope de gastos de campaña se definió en 429 millones de pesos. Con datos actualizados al 11 de junio de 2018, los cuatro candidatos reportan, en promedio, haber gastado sólo 30% de lo que pueden. Es de destacar que Andrés Manuel López Obrador dice sólo haber gastado 10.5% de lo que puede y que el candidato que más reporta, Ricardo Anaya, dice que sólo ha llegado a 53% del tope.

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