Desafortunadamente, y al igual que en muchas otras áreas, la corrupción ha eclipsado la regulación, colocando por delante a muchas empresas de la industria minera. Inevitablemente, dichas acciones han puesto en jaque la conservación de nuestros ecosistemas.

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La política en materia migratoria es clara. El Instituto Nacional de Migración ejerció más de 281 veces los recursos que ejerció la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en 2017. Para ejemplificar esta abismal diferencia presupuestal, el monto ejercido por el INM en la partida destinada a materiales y útiles de oficina, poco más de 23 millones de pesos, es superior a todo el presupuesto aprobado para la COMAR ese año.

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En países en vías de desarrollo como México, las instituciones suelen ser ineficientes persiguiendo y castigando actos de corrupción por lo que, sin importar el nivel de paga, los funcionarios no enfrentan un riesgo real de cometerlos. Además, la corrupción a gran escala genera beneficios e incentivos mucho mayores que cualquier comparación con el ingreso que recibe un funcionario público.

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Si evaluamos a través del tiempo a los países de América Latina, aquellos en los que se percibe menor nivel de corrupción reúnen seis características: alto nivel de transparencia de los agentes gubernamentales, instancias anticorrupción independientes del gobierno, baja carga regulatoria, alto nivel de confianza en los políticos, pocos trámites para hacer negocios y bajo nivel de desempleo.

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