Está documentado e inclusive es cosa juzgada el hecho de que el gobernador cometió actos de corrupción durante su campaña presidencial, lo cual no debe quedar impune. Pero proceder de forma impulsiva y sin apego a la ley abre la posibilidad de que este objetivo no se logre, de ahí la importancia de que cada autoridad cumpla con sus atribuciones.

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Si la cámara de diputados avala un régimen tan poco garantista como el que aprobó el senado, lejos de mejorar la recaudación y la seguridad jurídica de los contribuyentes, la reforma alimentará el clima de intranquilidad que atormenta la ya debilitada confianza empresarial. Un mayor control punitivo no solucionará el problema.

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El proyecto descentralizador, impulsado con argumentos ciertamente lógicos y sensatos, topó con pared. Después de 30 años de haber impulsado este proyecto observamos que los municipios no han sido mejores para hacer que sus gobernantes rindan cuentas, mucho menos para combatir la corrupción.

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Los hogares mexicanos con menores ingresos gastan hasta el 38% de sus ingresos en pagar sobornos, mientras que para los hogares en la parte más alta de la distribución representa apenas el 9.3% de sus ingresos. Esto implica que los costos de corrupción implican un incremento en la desigualdad entre los hogares con más ingreso y aquellos con menos.

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La historia de la CICIG, su diseño organizacional, los métodos de investigación, los mecanismos de cooperación y colaboración nacional e internacional y los resultados que ofreció, fueron derrotados por el mismo sistema político que le dio entrada y viabilidad operativa en el año 2006. En las siguientes líneas exploramos por qué su desaparición es una dolorosa pérdida organizacional para las políticas anticorrupción en el mundo.

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