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La desigualdad política en la competencia entre partidos tiene su origen en una desigualdad económica y social permeada de altas dosis de corrupción. Ésta proviene de aquellos que utilizan los recursos de empresas, sindicatos, corporaciones, o del mismo gobierno para financiar de manera ilegal las campañas de ciertos candidatos con fines e intereses particulares.

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El país exige procedimientos que revolucionen la forma en que los candidatos se relacionan con su electorado. La revocación de mandato es anunciada como una nueva forma de entender esta relación; sin embargo, fuera de la idea y del discurso, la exigencia obliga a que los motivos y el engranaje jurídico se encuentren en armonía con ese mecanismo democrático.

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Si bien el presupuesto vigente no ha destinado más recursos de los aprobados a las entidades y municipios mediante el Ramo 23, lo cierto es que aún es posible utilizar este mecanismo al no estar regulado por ninguna ley.

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