Corrupción y desigualdad son dos fenómenos diferentes, pero que guardan una relación que podría llegar a ser determinista; es decir, que una podría provocar a la otra. ¿Cómo se construye esta relación? Existen desigualdades desde el origen de las casas, en donde algún miembro de la familia pague sobornos por algún bien o servicio público: para facilitar trámites, para librarse del policía de tránsito, o para un sinfín de posibilidades.

Ilustración: Víctor Solís

Con la información de la encuesta realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Reforma, es posible estimar que los hogares mexicanos con menores ingresos gastan hasta el 38% de sus ingresos en pagar sobornos, mientras que para los hogares en la parte más alta de la distribución representa apenas el 9.3% de sus ingresos. Esto implica que los costos de corrupción implican un incremento en la desigualdad entre los hogares con más ingreso y aquellos con menos.

Rango

Ingreso medio

Soborno medio

Proporción del ingreso

2,600-6,000

4,300

1,646

38.30%

6,000-10,000

8,000

1,593

19.90%

10,000-16,000

13,000

961

7.39%

16,000-20,000

18,000

1,386

7.70%

20,000-32,000

26,000

2,419

9.30%

Este hallazgo, considerando las limitaciones de representatividad de la encuesta, reporta un incremento de la desigualdad entre hogares al considerar los costos de los actos de corrupción: en 2010, el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno,  elaborado por Transparencia Mexicana, reportaba que los hogares de menor ingreso —hasta un salario mínimo— destinaban 33% de su ingreso a este pago, mientras que este ejercicio encontró que esa proporción era de 38%.

Para explorar la posibilidad de que la corrupción y la desigualdad sean fenómenos relacionados, tomamos la última medición del Índice de Gini1 de 2014 a la fecha, realizado por el Banco Mundial, y lo comparamos con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, elaborado por Transparencia Internacional. Encontramos una correlación de -0.34, estadísticamente significativa.

De acuerdo con el ejercicio realizado, a mayor corrupción —un menor valor en el IPC— mayor desigualdad —un valor más cercano a uno en el Coeficiente de Gini— y viceversa, a menor corrupción —un mayor valor en el IPC—, menor desigualdad —un valor más cercano a cero— en las diferentes naciones del mundo.

Después, descubrimos tres agrupamientos:

1. Países menos desiguales son menos corruptos. Aquí se encuentran los países nórdicos y de Europa occidental: Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia, Países Bajos, Islandia, Bélgica, Austria, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Estonia y Francia.

2. No corruptos pero desiguales. Este grupo es más inconsistente y los datos están más dispersos, por lo que no podemos llegar a grandes conclusiones. Aquí están Israel, España, Lituania, Ruanda, Georgia, Portugal, Estados Unidos, Uruguay, entre otros.

3. Países más corruptos son más desiguales. Aquí encontramos países latinoamericanos, africanos y del sureste asiático, principalmente. En este grupo se encuentra México ocupando uno de los lugares más corruptos y más desiguales.

También encontramos observaciones atípicas (outsiders, pues): Yemen es el país con menor IPC y posee una desigualdad media; en tanto, Sudáfrica siendo el país más desigual del mundo, tiene una posición media en el ranking de Transparencia Internacional.

Los cuatro países con peor desempeño, es decir, más corruptos y más desiguales, son en su mayoría países centroamericanos —Honduras, Paraguay, Guatemala— y un africano —Mozambique—.

Por otro lado, los 4 países con mejor desempeño son nórdico-europeos: Finlandia, Noruega, Suecia y Países Bajos.

La mordida —el pago de un soborno— implica, sin duda, a dos partes. Mientras percibamos que una mayoría está dispuesta a hacer este pago, la sanción social sobre estas acciones disminuye considerablemente. Este fenómeno es conocido como costos morales. De ahí que contenga cierta verdad la propuesta de todos hacer bien las cosas: ello implicaría elevar los costos morales de un acto así y podría ser disuasivo.

La propuesta tiene, sin embargo, sus límites. Los hogares de menores ingresos, aquellos que sólo pueden tener acceso a educación, salud o hasta alimentos mediante programas sociales no pueden negarse a dar una mordida para obtener estos servicios, ya que la sobrevivencia de su familia está en juego. Ahí radica la importancia de considerar a la desigualdad como un fenómeno cercano a la corrupción.

Una de las consecuencias inevitables de la corrupción es la vulneración del estado de derecho. En estas condiciones, la corrupción y la desigualdad parecieran entrar en un círculo vicioso en el que una alimenta a la otra: si se debilita el estado de derecho y disminuye la confianza en las instituciones, resultará más sencillo solicitar mordidas por proporcionar servicios públicos sin costo; esto tiene un mayor impacto en aquellos hogares con menos ingresos, fortaleciendo la práctica.

En la lucha contra la desigualdad habrá siempre un “estira y afloja” de las élites económicas y el resto de la población que busque una distribución de la riqueza y del ingreso más equitativa. Tiene sentido que los más ricos busquen recursos a través de la política para poder mantener su posición económica y de estatus, o para acrecentar sus fortunas; pero esto lleva a que, por parte de los políticos y de los empresarios haya corrupción. Entonces debe haber otro consenso con mayor fortaleza entre los estratos sociales para evitar que la desigualdad genere más corrupción y viceversa.

Si el objetivo de la administración actual es librar un combate contra la corrupción, deberá hacerlo al mismo tiempo que se dirime la desigualdad por medio de políticas económicas que coadyuven a una distribución más equitativa de la riqueza. No podemos combatir un problema sin atender al otro, puesto que se puede acrecentar el problema que se deja de lado: Yemen y Sudáfrica nos han puesto el ejemplo. Si buscamos un mejor desempeño y ocupar los primeros puestos en el IPC y con una distribución de la riqueza más igualitaria es necesario considerar políticas que busquen resolver ambos problemas. 

 

Francisco Javier Vega Oviedo
Estudiante de ciencias políticas y administración pública en FES ACATLÁN-UNAM.


1 El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad ideal utilizada para medir la desigualdad por ingreso dentro de un país. El coeficiente es un número entre 0 y 1, en donde 0 significa que todas las personas tienen el mismo ingreso y 1 que una persona tiene todos los ingresos y los demás, ninguno. Para más información puede resultar esclarecedor el artículo disponible en Wikipedia.