Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, abandonó el gobierno de Nuevo León antes de siquiera cumplir la mitad de su mandato para intentar una fallida candidatura presidencial. En el camino, se valió del apoyo ilegal de funcionarios públicos, de financiamiento ilegal a auxiliares y de la triangulación de recursos ilegales.1No obstante, el principal acto que permitió que participara en las elecciones federales fue una infame sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)2 que validó todo lo anterior.

Transcurrido poco más de un año, jurídicamente no hay qué hacer contra esa decisión judicial. Sin embargo, no es el caso de los actos ilegales cometidos, pues aún están pendientes de sanción. En días recientes, diversos legisladores y activistas se han pronunciado a favor de sancionar tanto al titular del Ejecutivo estatal, como a su secretario de gobierno (entonces Gobernador interino), con la destitución de sus cargos. Esta medida cuenta con una alta popularidad entre la población,3 ¿cuál es el fundamento y alcance reales de esta posición? ¿Realmente es posible sancionar con la destitución a estas dos personas?

El punto de partida de la controversia es el 21 de junio de 2018, cuando la Sala Regional Especializada del TEPJF dictó sentencia en el expediente SER-PSC-153/2018,4 acreditando las irregularidades denunciadas en el proceso de recolección de firmas de El Bronco. Concretamente, en su resolutivo segundo, la sentencia declaró existente la infracción atribuida a 572 servidores públicos por captar apoyos en días y horas hábiles, por lo cual se comunicó la sentencia a sus superiores jerárquicos para que estos los sancionaran.

Ilustración: Víctor Solís

El resolutivo tercero declaró responsables a Jaime Rodríguez y a Manuel González por “no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la Presidencia de la República”. Sin embargo, dado que el TEPJF no cuenta con facultades para sancionar estas conductas, simplemente comunicó esa sentencia al congreso del estado.

Un año después, derivado de que el congreso local no tomó cartas en el asunto, el pasado 25 de julio de 2019, la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia SRE-PSC-153/2018,5 fijando como plazo límite el 20 de diciembre de este año para que el congreso delimite la sanción correspondiente. Es importante resaltar que esta segunda sentencia no especifica qué sanción procede (lo que sí establece es que el juicio político no es una de ellas), ni ordena destituir al gobernador.

Ahora bien, para que el Congreso de Nuevo León aborde este asunto, se ha presentado a los legisladores y frente a los medios como vinculante el expediente SUP-JE-62/2018, resuelto con su acumulado SUP-JDC-592/2018 el 13 de febrero de 2019,6 donde la Sala Superior del TEPJF revocó un acuerdo del Congreso de Durango en el que destituían al alcalde de Durango, y ordenó al Congreso de Durango instruir un procedimiento sumario para sancionarlo.

Lo anterior ha generado confusiones, pues se ha creído7 que el TEPJF ordenó al Congreso de Nuevo León instruir un procedimiento sumario para destituir al gobernador. Sin embargo, esta tercera sentencia aludida no es vinculante al caso de El Bronco para destituirlo porque: i) al alcalde de Durango finalmente no se le destituyó; ii) son hechos distintos, pues al alcalde de Durango estaba demandado por actos anticipados de campaña; y, iii) la sentencia (que no constituye jurisprudencia) es lógicamente incongruente, al afirmar explícitamente que el congreso local no tiene facultad de imponer sanciones administrativas,8 pero luego le ordena precisamente imponer sanciones administrativas.

Así, nos encontramos en un conflicto político-mediático en el que hay una enorme presión sobre el Congreso de Nuevo León para que inicie un procedimiento de responsabilidad de servidores públicos e imponga como sanción administrativa la destitución al gobernador y a su secretario de gobierno.

Ante ello, vale la pena recordar que la Constitución de Nuevo León y sus leyes secundarias sólo facultan para imponer sanciones administrativas: i) a los Órganos Internos de Control (antes denominados Contralorías); ii) a la Auditoría Superior del Estado, y; iii) a las Salas Regionales Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), recién creadas con la reforma del Sistema Estatal Anticorrupción. No está considerado el Poder Legislativo.

Por lo tanto, en un sentido estrictamente técnico-jurídico, el congreso del estado no está facultado para destituir al gobernador de Nuevo León a través de una sanción administrativa. Sin embargo, esto no implica que Jaime Rodríguez no deba ser sancionado.

Está documentado e inclusive es cosa juzgada el hecho de que el gobernador cometió actos de corrupción durante su campaña presidencial, lo cual no debe quedar impune. Pero proceder de forma impulsiva y sin apego a la ley abre la posibilidad de que este objetivo no se logre, de ahí la importancia de que cada autoridad cumpla con sus atribuciones.

Ante esta controversia, una vía adecuada sería que el congreso del estado consolide el expediente contra el gobernador y su secretario de Gobierno y: i) lo remita al Órgano Interno de Control; ii) lo litigue ante la sala anticorrupción del TFJA; y, iii) lo denuncie ante la Auditoría Superior del Estado, teniendo la mayor diligencia en los tres casos para asegurarse de que efectivamente haya una sanción proporcional.

Luis Gutiérrez Zapién
Abogado y politólogo. Consultor parlamentario.


1 Gómez Tovar, Rosa y Urbieta Zavala, Javier. “El Bronco y sus tres vías de financiamiento ilegal detrás de su aspiración presidencial”, El Juego de la Corte, nexos, 31 de mayo de 2018.
Para mayor detalle, consultar: Ugalde, Luis Carlos y Amparo Casar, María. Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Grijalbo, 2019. Páginas 244-246.

2 La (in)justicia electoral frente a las candidaturas independientes a la Presidencia, Análisis jurídico del caso Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón vs. Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2018.

3 De acuerdo con una encuesta de Massive Caller, publicada el 12 de agosto de 2019, el 80% de las personas consultadas está a favor de destituir al gobernador como sanción por haber desviado recursos públicos a su campaña presidencial. Un sondeo publicado por el periódico El Horizonte el 10 de agosto de 2019, ubica el apoyo a la destitución en un 90%.

4 PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: SRE-PSC-153/2018

5 INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR: SRE-PSC-153/2018

6 JUICIO ELECTORAL Y JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO

7 Como botones de muestra, están las siguientes notas y columnas periodísticas: “Congreso analiza destitución del gobernador; hay precedente”, Victoria Félix y César Cubero, Milenio; “Sí se puede destituir al Bronco”, Andrea Rodríguez, El Horizonte; “No es fantasía, es posible”, Ximena Peredo, El Norte; “¿Multa o destitución?”, Jesús Padilla, Reporte Índigo.

8 Página 50: “Conforme hasta lo aquí expuesto, el Congreso del estado carece de facultades para iniciar un procedimiento sancionador con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Durango.
Ello, porque, por una parte, carece de atribuciones para aplicar la Ley General de Responsabilidades, y por otra está derogado el título de la Ley Estatal que establecía las autoridades, procedimientos y sanciones aplicables en la materia.”