El pasado miércoles 29 de enero, en el marco de su primera sesión ordinaria de 2020, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó por unanimidad la Política Nacional Anticorrupción (PNA). Se trata de un hito en la historia política y en el desarrollo administrativo de nuestro país.  México cuenta ahora con una hoja de ruta, concreta y de largo plazo, que permitirá encausar y converger los diversos esfuerzos que actores públicos y privados realizan en el combate de este complejo fenómeno. La Política Nacional es un documento cuyas fortalezas yacen en sus diferentes elementos integradores. En este sentido, conviene subrayar tres dimensiones que le dan forma.

Ilustración: Víctor Solís

1. Dimensión teórica

La comprensión y posterior tratamiento de problemas públicos como la corrupción exigen aproximaciones rigurosas a los mismos. Esto implica dar respuesta a preguntas tan concretas como sustantivas: ¿qué entendemos por corrupción? ¿Cómo se manifiesta en distintos sectores y ámbitos?

Para ello, la PNA se nutrió de información y evidencia proveniente de fuentes especializadas, tanto nacionales como internacionales, que permitieron identificar dos rasgos característicos del problema de la corrupción en México. El primero es su asociación con la ilegalidad y su manifestación en altos niveles de impunidad, así como en amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público. El segundo es el reconocimiento generalizado de la corrupción como una norma válida. Lo anterior tiene entre sus principales causas a la distorsión en los puntos en donde sociedad y gobierno confluyen, así como al débil involucramiento de actores sociales en el control y combate de la corrupción.

Esta aproximación permite advertir aspectos clave. Primero, que la corrupción es entendida como un orden social que favorece interacciones, prácticas e intercambios contrarios a principios éticos y de integridad. Segundo, que los hechos de corrupción acontecen tanto en el orden público como privado. Tercero, que la corrupción es un fenómeno sistémico cuyas causas y manifestaciones acompañan al dinamismo social.

2. Dimensión metodológica

Los aspectos arriba mencionados comprenden la base misma de su dimensión metodológica. Así, la PNA es un documento estratégico y de largo plazo que identifica a la coordinación como un valor fundamental. Al ser la corrupción un fenómeno sistémico, la PNA impulsa el actuar plural y coordinado de instituciones públicas y de actores sociales diversos, con una orientación clara a resultados. Estos aspectos obligan a que el alcance de la Política sea nacional.

Lo anterior quedó impreso desde el proceso de construcción de la PNA. Para éste se privilegió el diálogo y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, cámaras empresariales, organismos internacionales e instituciones públicas. En este sentido fue de suma importancia el trabajo realizado por instituciones del Comité Coordinador del SNA para robustecer y garantizar el carácter estratégico de la Política. Lo anterior derivó en un hecho fundamental: la PNA establece la agenda del Estado mexicano en el combate y control de la corrupción en el país.

A partir de lo identificado previamente, el objetivo fundamental de la Política es fortalecer las capacidades del Estado mexicano para combatir el fenómeno de la corrupción en el país. Para ello, la PNA establece 40 prioridades de política pública, misma que están alineadas a cuatro ejes y a diez temáticas generales, que se enuncian a continuación:

a. Combatir la corrupción y la impunidad.
i. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas.
ii. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción.

b. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder.
i. Profesionalización e integridad en el servicio público.
ii. Procesos institucionales.
iii. Auditoría y fiscalización.

c. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad.
i. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos.
ii. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada.

d. Involucrar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción.
i. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación.
ii. Corresponsabilidad e integridad empresarial.
iii. Educación y comunicación para el control de la corrupción.

Al destacar la importancia de la coordinación —entre los tres órdenes de gobierno y del gobierno con el sector privado y la sociedad civil— la PNA reconoce al mismo tiempo la necesidad de traducir sus objetivos y prioridades en acciones de política pública concretas y factibles en el corto, mediano y largo plazos. Esto es particularmente relevante ya que con ello la PNA rechaza el rasgo testimonial de algunos documentos rectores y compromete a una multiplicidad de actores a implementar de manera coordinada soluciones a las distintas manifestaciones de la corrupción en el país.

Para evitar un actuar desarticulado de los entes públicos del país, la PNA prevé la construcción de mecanismos de seguimiento y evaluación de la Política. Las herramientas que para tal fin se desarrollen de manera colaborativa serán, además, compartidas con actores estatales en aras de un avance simultáneo, del seguimiento oportuno, así como de la consecuente generación de resultados que beneficien a la población en general.

3. Dimensión política

La última dimensión corresponde a la naturaleza política de la PNA y que en buena medida le permitirá tener la incidencia y los efectos previstos. Como se mencionó previamente, la PNA es un documento que convocó a una multiplicidad de actores y en el que convergen distintas perspectivas, fortalezas y capacidades con el objetivo claro de dotar al Estado mexicano con las capacidades suficientes y adecuadas para prevenir, detectar y sancionar eficazmente la corrupción.

La PNA es, por lo tanto, un instrumento en armonía con otros esfuerzos sistémicos para combatir la corrupción en el país. Destaca en este sentido la clara sinergia y los puntos de coincidencia entre la Política y el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Por un lado, refuerza la coordinación interinstitucional en favor de acciones de alcance nacional; por el otro, facilita que la PNA sea consistente con las nuevas obligaciones que, en materia de combate a la corrupción se establecen en el capítulo 27 del recién aprobado tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo anterior fortalece la pertinencia y relevancia de la PNA y permitirá tener avances concretos en respeto a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, así como en la promoción de una cultura de la integridad en el sector empresarial.

Finalmente, más allá del rigor técnico que presenta la Política Nacional, es importante que ésta continúe gozando del respaldo político por parte de actores clave para su implementación, seguimiento, evaluación y robustecimiento. Esto hace de la dimensión política un aspecto transversal y una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción en el país.

¿Qué sigue?

El hito que significó la aprobación de la PNA es, sin embargo, apenas un primer paso en el largo camino hacia la conformación de una sociedad mexicana en donde el respeto a las leyes y la convivencia entre actores sociales con base en principios éticos sean una realidad. En este sentido, la Secretaría Ejecutiva del SNA, como instancia de apoyo técnico y en coordinación permanente con los integrantes del Comité Coordinador del SNA, dará seguimiento y acompañamiento oportuno al proceso de elaboración y aprobación de las políticas estatales anticorrupción.

Conviene destacar que estos procesos procurarán una alineación efectiva del quehacer estatal en la materia a lo previsto en la PNA, pero con plena consciencia de la diversidad de contextos y problemáticas de cada entidad federativa.

A esto se sumará el desarrollo paralelo del Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción (MOSEC). Dicha herramienta permitirá, en un primer momento, analizar los resultados de los programas derivados de la PNA. Posteriormente, proveerá los insumos y herramientas necesarias para realizar evaluaciones de impacto de la Política y ofrecerá mediciones recurrentes sobre el estado del fenómeno de la corrupción en México.

Para cerrar, es importante destacar que el proceso que derivó en la PNA y el documento mismo dan cuentas del complejo proceso inherente al combate efectivo de la corrupción. Las acciones que emanen de la Política deberán estar cimentadas en metas comunes y en un actuar coordinado. Los distintos niveles y ámbitos de gobierno, entes públicos diversos y sociedad civil tenemos hoy una estrategia clara para que nuestras acciones ahonden en la construcción de una sociedad mexicana libre de corrupción.

 

Ricardo Salgado Perrilliat
Secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Twitter: @SESNAOficial.