Cuando piensas en escándalos de corrupción, ¿en qué piensas? Tal vez en los funcionarios públicos involucrados, en las dependencias, en los montos y en la falta de consecuencias. Seguramente, también piensas en los otros actores no públicos que se mencionan en los titulares, como las empresas implicadas.

El sector privado juega, en muchos casos, un papel clave en los esquemas de corrupción. Por eso, si hablamos de corrupción y de cómo combatirla, tenemos que incluir a las empresas en la discusión. No sólo es importante mencionar su relevancia, debemos de exigir y alentar al sector privado a tener un papel activo. Una política efectiva de combate a la corrupción que no incluya al sector empresarial es inconcebible. Además, la corrupción es costosísima para las empresas. De acuerdo con los datos de la ENCRIGE (Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas), en 2016 las empresas gastaron 1,600 millones de pesos en actos de corrupción.


Ilustración: Raquel Moreno

La corrupción daña a las empresas, su imagen, su reputación, su rentabilidad, genera distorsiones económicas y problemas éticos. Entonces, ¿qué se puede hacer para combatir la corrupción desde el sector privado?  Para responder a esta pregunta, podemos ver a la corrupción como un problema de oportunidad, ganancia y riesgo.

Las ganancias están ahí, latentes. Por ejemplo, pagar un soborno para obtener  un contrato determinado lleva a mayores utilidades para las empresas, crecimiento, notoriedad en el sector y demás beneficios. Las empresas por sí solas no puede evitar que estas ganancias existan, pues está fuera de su rango de acción; pero sí pueden hacerlas mucho menos atractivas. Esto se logra al impulsar acciones enfocadas en disminuir las oportunidades y aumentar los riesgos. Siguiendo el mismo ejemplo, si existen procesos transparentes para celebrar contratos y las empresas involucradas cuentan con controles internos, se vuelve más complicado pagar un soborno y las oportunidades disminuyen; ya no es tan fácil tener acceso a las ganancias. Además, si las empresas tienen políticas con consecuencias y sanciones explícitas y reales para las personas que incurren en actos de corrupción, los riesgos se vuelven latentes y mucho mayores.

Estas herramientas para disminuir las oportunidades y aumentar el riesgo son conocidas como integridad corporativa. Se entiende por integridad corporativa el grado en que las empresas se adhieren a códigos de ética, políticas internas y leyes establecidas para prevenir, combatir y sancionar la corrupción. Este último supuesto incluye la cooperación con autoridades para denunciar e investigar conductas ilícitas relacionadas con este fenómeno. Es un sistema de contrapesos entre las fuerzas externas, como son las leyes nacionales e internacionales, que lleva a las empresas a ser menos corruptas, y las acciones internas que llevan a cabo las empresas para prevenir y castigar.

En cuanto a las fuerzas externas, en México la más relevante es la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que entró en vigor el 19 de julio de 2016 como parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y tiene como objetivo prevenir y sancionar los actos de corrupción en los sectores público y privado. La LGRA prevé sanciones a empresas y particulares por actos vinculados con faltas administrativas graves, tales como soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, falsificación de documentos o información, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex-servidores públicos. Esta ley incluye un capítulo sobre la integridad de las empresas, en el que se establece que, para determinar su responsabilidad, las autoridades tomarán en cuenta si las empresas cuentan con una política de integridad empresarial, lo que podría disminuir su pena. Así, debería estar en el interés de las empresas establecer, transparentar y cumplir políticas de integridad y anticorrupción.

En tanto, existen diversas leyes extranjeras que tienen impacto importante en la integridad corporativa de algunas empresas que operan en México. La legislación en temas de transparencia y anticorrupción es mucho más estricta en Europa, de manera que las empresas europeas en México tienen mayores lineamientos y limitantes que las empresas nacionales. Otro buen ejemplo son las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos, ya que están sujetas a la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y tienen controles más estrictos.

Regresando a la pregunta que se planteó, vamos a concentrarnos en la participación de las empresas, en lo que pueden y deben hacer para combatir la corrupción. Hay una serie de acciones preventivas sumamente importantes. Todas las empresas deben de tener una integridad corporativa clara y pública; esto quiere decir que deben tener políticas anticorrupción, códigos de ética y conducta, y estos deben ser públicos. La integridad corporativa, al ser pública, funge como un estandarte de lo que la empresa es y representa; establece no sólo con los empleados sino con el resto del mundo cuál debe ser la norma de comportamiento. Es un indicador de responsabilidad, una forma de medir si las empresas son en efecto honorables o si son hipócritas. La mera presencia de una política de integridad corporativa sólida y clara ayuda a impulsar el cumplimiento de las políticas anticorrupción.

Ahora, más allá de ser públicas, ¿qué elementos tienen que tener las políticas de integridad corporativa? No existe una fórmula exacta; al contrario, dado que no todas las empresas son iguales, los programas de integridad corporativa deben de ser siempre hechos a la medida. Por ejemplo, algunas empresas tienen proveedores y distribuidores y necesitarán códigos de conducta especiales para estos puestos, mientras que otras empresas no. Aún así, hay lineamientos que toda empresa puede seguir para asegurar que se implementen mejores prácticas y conductas que realmente contribuyan a prevenir los actos de corrupción y a fomentar la denuncia para sancionar a quienes participen en ellos:

• Los programas de integridad corporativa deben contar con el apoyo y compromiso total de la cabeza de la empresa, dígase presidente, consejo directivo, consejo de administración, dueños etc. Esto para subrayar que no es un documento más, que es una política válida y de mucha importancia. Además, al hacerla pública, se satisface el principio de honestidad.
• Los programas deben de contener las guías éticas y legales que los empleados deben acatar. Asimismo, las empresas deben establecer una estructura de cumplimiento que supervise y asegure que todos los empleados acaten el código de conducta. Es muy importante poner sobre papel las reglas, pero también es necesario dar a conocer a los empleados los mecanismos de monitoreo que existen para que éstas se cumplan.
• Las empresas deben cerciorarse de que todos los empleados reciban una capacitación constante y adecuada: todo el personal tiene que estar familiarizado.

De nada sirve desarrollar políticas y códigos de conducta si estos se desconocen y no se valoran dentro de las empresas.

• La integridad corporativa tiene que ser actualizada continuamente, las empresas son entes cambiantes y no se debe esperar que las políticas se mantengan fijas.
• Las políticas deben de ser precisas, detalladas,  y los criterios deben de establecerse explícitamente. Por ejemplo: las políticas anticorrupción que prohíben el tráfico de influencias deben de contener una definición de tráfico de influencias. Así, al eliminar el margen de interpretación y el “no sabía”, es más difícil justificar comportamientos no permitidos.
• Los sistema de denuncia anónimos son esenciales, abren un canal de comunicación entre los empleados y otros actores sujetos a las políticas de integridad corporativa y aquellos que la monitorean sin poner en riesgo a nadie.

Estos puntos no son de ninguna manera exhaustivos, ni cubren todos los componentes de un programa de integridad corporativa completo. El objetivo no es enlistarlos todos aquí. Hoy día existen diversos recursos disponibles para que las empresas en México lo desarrollen, por ejemplo: la guía práctica del Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o el Código de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial.

El objetivo sí es mostrar cómo hay acciones preventivas y políticas que el sector privado puede poner en práctica con relativa facilidad —dicho sea de paso— para empezar a trabajar en el combate a la corrupción. Hay un largo camino por recorrer en el combate a la corrupción. Vamos a empezar por lo más sencillo. Le toca a las empresas grandes marcar la pauta y mostrar cómo se desarolla, publica y aplica una política de integridad corporativa de cálidad. Le toca también a los clientes, los accionistas, los proveedores y otras personas involucradas exigir que las empresas sean partícipes activos en la construcción de un sector privado no corrupto, empezando por poner en práctica sus propias políticas.

 

Leonor Ortíz Monasterio
Investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestra en políticas públicas (Universidad de Chicago) e internacionalista (ITAM).
Twitter: @theleonori.