La corrupción está, quizás más que nunca, en el centro de la discusión nacional. Queda claro el hartazgo generalizado y la necesidad de desarrollar e implementar políticas públicas eficaces para combatirla. Esta problemática no es exclusiva del sector público. Al contrario, cuando hablamos de corrupción es imposible no hablar del sector privado. Las empresas juegan un rol central en la mayoría de los escándalos y redes de corrupción.

Entonces, surgen planteamientos sobre qué hacen las empresas en este contexto ¿Qué pasa adentro de las empresas para combatir la corrupción? ¿Se castiga a aquellos que cometen un acto de corrupción? ¿Qué se permite y qué no? ¿Más allá de la legislación nacional, qué reglamentos internos se tienen y aplican?

Justamente este tipo de preguntas son las que llevaron, desde 2017, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a Transparencia Mexicana a emprender IC500: un proyecto de evaluación de la publicidad y calidad de las políticas de integridad corporativa de las empresas en México.  IC500 toma las 500 empresas más grandes en el país según la revista Expansión y busca en fuentes públicas sus políticas de integridad corporativa y anticorrupción para después evaluarlas con base en la metodología TRACelaborada por Transparencia Internacional.

Ilustración: Oldemar González

Mediante un cuestionario con preguntas  como: “¿La empresa hace públicos sus compromisos anticorrupción a través de su página de Internet?” “¿Los empleados y directivos reciben un entrenamiento anticorrupción?” “S un proveedor quiere denunciar una irregularidad, ¿puede encontrar en la página de la empresa un número telefónico o correo electrónico diseñado para tal fin?” O, “¿se prohíben de manera explícita las represalias a los empleados que denuncien una violación a las políticas de la empresa?”, entre otras, se evalúa a las empresas y se les asigna una calificación sobre 100 puntos, determinado así la calidad de sus políticas.

El objetivo del proyecto es, por un lado, señalar lo importante que es hablar sobre corrupción desde el sector privado y, por el otro, el impacto que tiene la señalización de una conducta anticorrupción dentro de las empresas. IC500 no mide implementación de las políticas dentro de las empresas, ni mucho menos que tan corruptas son éstas. Sin embargo, sí es una primera aproximación de cómo abordan el tema las empresas líderes en México y una herramienta para empezar la discusión.

Algunos apuntes sobre los resultados de la evaluación de IC500 en 2018:

• En un año, la calificación promedio pasó de 37 puntos sobre 100 a 47 puntos.  Además, el número de empresas cuya calificación es mayor a los 50 puntos aumentó en un 20%. 98 empresas superaron el umbral pasando de 190 en 2017 a 288 empresas en 2018.

• En 2018, el elemento publicado con más frecuencia es el código de ética o de conducta, disponible para 363 de las 500 empresas. Después se encuentra el compromiso público con la legalidad y las leyes nacionales e internacionales, con 312 empresas que sí lo publicaron. El tercer componente publicado con mayor frecuencia es la prohibición explícita de sobornos y pagos facilitadores que alcanzó 300 empresas, es decir 6 de cada 10. En contraste, las áreas más rezagadas son las políticas de hospitalidad y viáticos -sólo el 12.2% de las empresas las hacen públicas- y la política de donaciones y/o contribuciones sociales -publicada por 20.4% de las 500-.

• Al analizar la existencia de sanciones y penalizaciones por incumplimiento del código de ética o de conducta vemos que queda camino por recorrer. Aunque 55.8% de las empresas menciona sanciones, no especifica de qué tipo son ni cómo se impondrán. Este punto es uno de los más importantes. Es la herramienta que tienen las empresas para demostrar que las políticas no se quedan en el papel y que se van a implementar con consecuencias ciertas. No es suficiente que se haga mención a sanciones en abstracto, es importante señalar qué tipo de penalizaciones son y en qué caso se aplican para que el efecto sea realmente contundente, sobre todo a la luz de la legislación laboral y las reformas al código penal federal en materia anticorrupción.

• Las empresas estatales están expuestas a riesgos específicos de corrupción debido a su relación estrecha con el gobierno y a los ciclos políticos, por la escala de activos que manejan y por la importancia de los servicios que proveen. Estos riesgos destacan las contrataciones públicas, los conflictos de interés, los procesos de privatización, el robo de activos y el lavado de dinero. Resulta entonces inaceptable que de las 21 empresas evaluadas únicamente 8 de ellas se encuentren por encima de 50 puntos y que la calificación promedio sea de 48 sobre 100.

• Si contrastamos las calificaciones de las 500 empresas con sus ventas anuales de 2017 (información disponible aquí) no vemos ninguna relación entre la calificación que las empresas obtienen y su volumen de ventas. Tampoco parece haber una relación entre las calificaciones en IC500 y su número de empleados o sus activos totales.

• Analizando las calificaciones por país encontramos que donde hay mayor regulación y exigencia de transparencia al sector privado hay mayor publicidad de las políticas. Empresas con capital de Singapur, Alemania, Suiza o Estados Unidos en promedio tienen un mejor desempeño que las empresas de países sin una legislación tan robusta, como Colombia o Italia.

Todavía hay mucho por hacer en términos de integridad corporativa. Estas 500 empresas son líderes en el país y en sus respectivos sectores. Marcan la pauta y tienen un impacto directo en cómo se habla de la corrupción en el sector privado y que se hace para combatirla. Hacer públicas las políticas anticorrupción es una de las herramientas más fáciles que tienen disponible para demostrar su compromiso. Así como debemos demandar a las autoridades que hagan su parte en el control y erradicación de la corrupción,  usemos herramientas como IC500 para exigir al sector privado que hagan lo correspondiente.

El índice completo IC500 2018  y un avance de los resultados se puede consultar en la número de noviembre de la revista Expansión. El reporte y la base de datos  de 2018 estarán disponible en diciembre en https://contralacorrupcion.mx y en https://www.tm.org.mx.

 

Leonor Ortíz Monasterio
Investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestra en políticas públicas (Universidad de Chicago) e internacionalista (ITAM).
Twitter: @theleonori