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La ineptitud de un funcionario no es inofensiva; puede dar lugar a conductas negligentes, errores u omisiones involuntarias. Si bien dichas conductas no necesariamente están vinculadas con una contraprestación económica irregular o soborno —uno de los tres elementos que conforman la definición de corrupción—, sí pueden implicar el incumplimiento de una obligación por parte de la autoridad y el otorgamiento ilegítimo de un beneficio para un tercero —los dos elementos restantes—.

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Una de las premisas fundamentales de la narrativa gubernamental ha sido el destierro de la corrupción de la vida pública de México. Según el titular del Ejecutivo, no habrá tolerancia a la corrupción por parte de nadie. La pregunta que ha acompañado estas declaraciones parece seguir vigente: ¿cómo, efectivamente, pueden cambiarse rutinas, prácticas y valores institucionales que promueven la corrupción?

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