Si evaluamos a través del tiempo a los países de América Latina, aquellos en los que se percibe menor nivel de corrupción reúnen seis características: alto nivel de transparencia de los agentes gubernamentales, instancias anticorrupción independientes del gobierno, baja carga regulatoria, alto nivel de confianza en los políticos, pocos trámites para hacer negocios y bajo nivel de desempleo.

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Muchas empresas neoleonesas participan deliberadamente en actos de corrupción; 57.9 por ciento de las veces para agilizar trámites, 46.1 por ciento para evitar multas y el 10.1 por ciento para eludir licitaciones y ganar contratos gubernamentales.

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Como ciudadanos nos corresponde señalar a las empresas que dañan a la sociedad y su entorno. Un ejemplo claro es lo que sucedió con Grupo México en Sonora, o lo que sucede con muchas otras empresas mineras en el país que no parecen contar con estándares éticos de responsabilidad social ni con el medio ambiente.

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Un par de personas compiten para ser senadores en las elecciones más importantes en la historia de México. Ese par de personas son independientes y pertenecen a una red de candidaturas ciudadanas de personas sin pasados políticos o puestos públicos que buscan, según sus propias premisas, romper los muros del Poder Legislativo.

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Cuando López Obrador afirma que la multa impuesta por el INE es una “vil venganza” no sólo no se hace responsable, sino que comete un acto inmoral al permitir que la duda razonable cimbre la legitimidad de su triunfo. Incluso si los tribunales le dieran la razón a Morena, este escándalo ya parece cobrar sus primeras víctimas: la completa confianza al proyecto progresista del gobierno entrante.

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