La mayor parte de las personas que tienen interés en entender cuánto y cómo se gasta en México acuden, casi de manera automática, a revisar las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esto sucede en casi todos los niveles: desde el estudiante universitario que busca hacer un trabajo escolar hasta los legisladores cuando se sientan a tratar de evaluar o negociar el presupuesto para algún programa, alguna oficina o entidad federativa.

De 2016 a la fecha, 12 entidades federativas han eliminado el fuero de sus constituciones locales para todos sus funcionarios públicos y la Ciudad de México será agregada en septiembre de 2018; además, Veracruz y Morelos han eliminado el fuero para sus funcionarios estatales, salvo algunas excepciones. Luego de esta reforma surgen algunas preguntas: ¿qué es realmente el fuero? ¿Es sinónimo de impunidad? ¿Realmente fue eliminado?

Estudios recientes, conducidos por organismos nacionales e internacionales acreditados, sugieren que la corrupción en México, después de la inseguridad, es el problema que más preocupa en nuestro país1 y que, pese a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, parece no disminuir.

La corrupción parece inevitable en el contexto en el que vivimos, pero no lo es. No es que nuestros valores sean muy distintos a los de otros pueblos, es que nuestras expectativas sobre el comportamiento de las autoridades y el funcionamiento de las instituciones es el que es: discrecional, opaco, clientelar, rentista, nepotista, selectivo e ineficaz.