Desafortunadamente, y al igual que en muchas otras áreas, la corrupción ha eclipsado la regulación, colocando por delante a muchas empresas de la industria minera. Inevitablemente, dichas acciones han puesto en jaque la conservación de nuestros ecosistemas.

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Los políticos adoptan medidas anticorrupción para mandar señales de honestidad e integridad, asumiendo que podrán controlar la aplicación de éstas. Así, políticas que pueden ser vistas como poco costosas y sin un futuro toman fuerza y se instauran como soluciones de largo plazo.

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La política en materia migratoria es clara. El Instituto Nacional de Migración ejerció más de 281 veces los recursos que ejerció la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en 2017. Para ejemplificar esta abismal diferencia presupuestal, el monto ejercido por el INM en la partida destinada a materiales y útiles de oficina, poco más de 23 millones de pesos, es superior a todo el presupuesto aprobado para la COMAR ese año.

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No sólo la corrupción tiene amplias consecuencias negativas en el disfrute derechos humanos fundamentales; además, la acaban pagando mayores costos quienes menos tienen. Las consecuencias negativas individuales consisten en la restricción del acceso a un servicio público si no es por la vía de la corrupción, lo cual es discriminatorio.

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