La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha dedicado recursos a proyectos que fortalecen el esfuerzo anticorrupción, desde periodismo de investigación hasta capacitaciones de funcionarios públicos. Con la pausa, estos esfuerzos quedan detenidos

La evidencia es clara: un gobierno capaz no se construye sólo reduciendo costos y mucho menos subordinando la administración pública a intereses sectarios. La ruta más eficaz pasa por garantizar que los servidores públicos sean seleccionados por su competencia, estén capacitados y cuenten con condiciones laborales que fomenten su profesionalismo.

La corrupción y la desigualdad son problemas urgentes en el mundo por separado, pero es claro también que están interconectadas: una retroalimenta a la otra. La pandemia dejó claro que la desigualdad puede cobrarse vidas y la corrupción puede volver más difícil modificar el estado de las cosas.

Los gobiernos estatales, menos vigilados y, hasta hace poco, con menos contrapesos que el federal, han sido un “foco” de corrupción muy importante en el sistema político mexicano. La historia de nuestro país es prolífica al respecto.

Para muchos analistas económicos, la pata floja del Plan México es que la incertidumbre jurídica que se avecina con el Poder Judicial, sumada con la crisis de violencia y la tormenta que vendrá con el gobierno de Donald Trump, harán que los ambiciosos planes del gobierno no den los frutos que esperan.