Este mes el Poder Judicial de la Federación podrá fijar un importante precedente en materia de designaciones de altos cargos públicos en México. En enero, un juez de un tribunal mexicano decidirá si el fiscal general de la República cumplió con la Constitución y con las leyes al nombrar a María de la Luz Mijangos Borja como fiscal anticorrupción.

En Veracruz, más allá de los desencuentros ideológicos que se tengan con quienes encabezan el poder oficial, lo que no cabe en la cabeza es la confesión desvergonzada de que, a estas alturas del año, hay presupuesto que no se ha ejercido y —al parecer— no se ejercerá.

El gobierno ha mandado una señal de alerta en México: si las empresas siguen promoviendo la corrupción habrá detenidos, encarcelados, cuentas y activos congelados y será difícil deshacerse de las acusaciones.

El martes 19 de noviembre se publicó la Ley de Austeridad Republicana. Dentro de la misma publicación se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De manera breve, lo que este cambio hace es otorgarle al presidente de la República una discrecionalidad sin precedentes para usar los recursos.