Es casi un cliché decir que la era de la tecnología presenta muchos retos para la democracia y la rendición de cuentas; no obstante, es claro que el gasto de internet, su utilidad y su regulación debe ser una de las principales agendas de política pública en los próximos años.

En la contienda a la presidencia, el tope de gastos de campaña se definió en 429 millones de pesos. Con datos actualizados al 11 de junio de 2018, los cuatro candidatos reportan, en promedio, haber gastado sólo 30% de lo que pueden. Es de destacar que Andrés Manuel López Obrador dice sólo haber gastado 10.5% de lo que puede y que el candidato que más reporta, Ricardo Anaya, dice que sólo ha llegado a 53% del tope.

La mala práctica del turismo electoral consiste en movilizar personas de un distrito electoral a otro en el que no habitan realmente para obtener una nueva credencial para votar y que voten por un candidato o un partido en particular, alterando el Registro Federal de Electores. Esa movilización implica el uso de documentación falsa, la participación de instigadores o agentes y, usualmente, la oferta de algún beneficio o recompensa.

Abatir los elevados índices de corrupción en México es una tarea de largo plazo que requiere de instituciones y de participación ciudadana. El marco del SNA establece el tablero desde donde puede iniciarse la construcción de más y mejores instituciones para combatir la corrupción. Por su parte, la participación ciudadana se garantiza a través de la existencia del CPC, pero no debe ni puede ser la única vía.

La creación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción es una apuesta por ciudadanizar la toma de decisiones en el marco de la gobernanza anticorrupción en México. Ahí radica su fuerza, pero también su principal vulnerabilidad.