La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece uno de los primeros mecanismos de contraloría social en nuestro país: cualquier ciudadano que denuncie una falta administrativa puede vigilar que se actúe efectivamente contra los hechos que denunció y que las cosas no se queden en la impunidad de siempre.

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El congreso de la Ciudad solicitará a la SCJN que explique cuáles son los nombramientos legales para conocer cuáles son los que deben repetirse. Además, la repetición del proceso invalidado será lo primero que presenten los diputados locales en el próximo periodo ordinario, que arranca la siguiente semana.

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