El gobierno ha mandado una señal de alerta en México: si las empresas siguen promoviendo la corrupción habrá detenidos, encarcelados, cuentas y activos congelados y será difícil deshacerse de las acusaciones.

El martes 19 de noviembre se publicó la Ley de Austeridad Republicana. Dentro de la misma publicación se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De manera breve, lo que este cambio hace es otorgarle al presidente de la República una discrecionalidad sin precedentes para usar los recursos.

Tras un litigio encabezado por la organización civil Fundar, el SAT hizo pública la información de 27,263 contribuyentes que, entre 2007 y 2015, recibieron condonaciones y cancelaciones fiscales por 746 mil millones de pesos. Además, se dio a conocer que 201 contribuyentes están amparados para no dar a conocer su identidad y recibieron condonaciones adicionales por otros 101 mil millones.

En 2014 hubo una reforma constitucional en Baja California que modificó el periodo de gobierno del mandatario bajacaliforniano que fuera electo en el año 2019. Esa es la norma que Olga Sánchez Cordero está decidiendo no aplicar. Se decanta por el fraude y lo tilda de legal.

La batalla por consolidar el sistema de justicia penal es una misión ardua. Propuestas legislativas como la de la amnistía, que pretenden insertar figuras jurídicas novedosas que en realidad sólo lo son en apariencia, le restan fuerza y credibilidad a los instrumentos y mecanismos existentes sin resolver el problema de fondo.