La ineptitud de un funcionario no es inofensiva; puede dar lugar a conductas negligentes, errores u omisiones involuntarias. Si bien dichas conductas no necesariamente están vinculadas con una contraprestación económica irregular o soborno —uno de los tres elementos que conforman la definición de corrupción—, sí pueden implicar el incumplimiento de una obligación por parte de la autoridad y el otorgamiento ilegítimo de un beneficio para un tercero —los dos elementos restantes—.

Una de las premisas fundamentales de la narrativa gubernamental ha sido el destierro de la corrupción de la vida pública de México. Según el titular del Ejecutivo, no habrá tolerancia a la corrupción por parte de nadie. La pregunta que ha acompañado estas declaraciones parece seguir vigente: ¿cómo, efectivamente, pueden cambiarse rutinas, prácticas y valores institucionales que promueven la corrupción?

Los nuevos Ministros propuestos por Morena son un caballo de Troya. Su estrategia es clara: infiltrarse en la Corte bajo la retórica del combate a la corrupción. El disfraz es perfecto. Nadie se atreve a oponerse al gobierno de la honestidad, al gobierno del cambio, al gobierno de la retórica.

Mientras Calderón adjudicó de manera directa en su último año de gobierno casi el 67.7% de los contratos, Peña Nieto lo hizo en el 76.2% de los casos y López Obrador, de enero a marzo, ha recurrido a este método excepcional en 74.3% de los casos. El patrón de conducta de los gobiernos del PAN, PRI, y ahora Morena, sigue siendo el mismo.

Existen muchos ejemplos de casos en México donde ha habido algún tipo de violencia hacia la mujer y se ha potencializado por culpa de la corrupción. Repasemos algunos de ellos.