En un país donde primero se encarcela y luego se investiga, actuar con desconfianza genera las condiciones para perpetuar la impunidad. Por un lado, incentiva actos de corrupción en los nodos de decisión para evitar la vinculación a proceso: quien pueda comprar inmunidad, lo hará. Por otro lado, la generalización de esta medida no garantiza más culpables en las cárceles, sino menos inocentes en las calles.

Ojalá el cierre y transformación de Islas Marías no termine en un proyecto turístico. Mejor que se convierta en el inicio de una profunda transformación del sistema penitenciario mexicano.

El sello de la última administración fue la entrega de recursos directamente a los contratistas elegidos por ellos, con las conocidas consecuencias en términos de corrupción. La compra de las pipas del presidente hace agua por todos lados y, en lugar de darnos certezas de un cambio verdadero, al menos en el uso de los recursos públicos, levanta demasiadas sospechas.

¿Por qué no se licitó la compra de pipas y se hizo mediante adjudicación directa? La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece como regla la licitación pública para la contratación. Por excepción fundada y motivada, puede adquirirse vía invitación restringida o adjudicación directa. En este último caso, en la adjudicación directa en la compra de pipas se ha insistido que la razón fue la urgencia.

Hay un divorcio entre la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y su Secretaria de la Función Pública. Y hay una clara intención de echar abajo el esfuerzo iniciado por la sociedad civil de contar con un sistema de declaraciones patrimoniales robusto que permita que todos —ciudadanos, periodistas y los propios encargados del control interno— contemos con elementos para detectar corruptos.