El CONACYT sigue un rumbo confuso. Los trabajos de transición después del 1 de julio de 2018, más los primeros 100 días de la autodenominada 4T no han sido suficientes para definir la agenda en Ciencia y Tecnología. Más bien, su trazo como política pública se torna confrontada, deficiente, disruptiva, encapsulada y poco clara. El propio Consejo pasa por una etapa de inestabilidad, incertidumbre e inanición.

México se ubica en el puesto 99 de 126 países incluidos en el Índice de Estado de Derecho 2019, lo cual significa que tiene muchas áreas de oportunidad y espacios para mejorar en futuras ediciones del reporte. Si comparamos a México con países similares, ya sea en términos geográficos o económicos, se ubica en la posición 26 de los 30 países en la región de América Latina y el Caribe, y en el puesto 35 de los 38 países de ingreso medio alto incluidos en el Índice.

A más de 100 días del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México ha lanzado mensajes de compromiso con la austeridad presupuestal y el combate a la corrupción, pero no ha presentado una estrategia integral ni una política que vaya más allá de declaraciones generales.

La oferta de información del gobierno es funcional, pero atiende al llamado de transparentar como un mero requisito administrativo y no como un valor democrático intrínseco del servicio público. La demanda de información gubernamental existe, pero sólo como un ejercicio esporádico que no se traduce necesariamente en mayor participación ciudadana.

La participación del Presidente de la República en el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte es resultado del rezago legislativo de una figura constitucional que ha estado a disposición del poder político en turno. Si estudiamos la historia de la regulación constitucional de la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte nos daremos cuenta que esta facultad ha recaído en la institución con más peso político de cada época.