En las próximas semanas, la Cámara de Diputados comenzará el proceso para nombrar o ratificar a la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación. Esto sucede en un ambiente de fuertes críticas al desempeño de la Auditoría en su actual gestión. Este artículo busca explorar algunas de las fallas señaladas, a partir de la metodología que ha implementado recientemente.
El órgano especializado de la Cámara de Diputados responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en México es la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tiene la atribución de revisar la Cuenta Pública y de entregar a las diputadas y los diputados los resultados de la fiscalización superior. Esto representa una pieza central del sistema de rendición de cuentas del Estado mexicano.
La ASF forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y, además, encabeza el Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo propósito es articular mecanismos de coordinación entre las entidades fiscalizadoras del país; es decir la entidad responsable a nivel federal y las 32 responsables a nivel local, A inicios de 2026 aún cuenta con grandes rezagos, pero este sistema busca promover el intercambio de información, armonizar marcos de referencia, fortalecer criterios comunes para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción, así como incorporar mejores prácticas y herramientas tecnológicas —incluidos sistemas electrónicos— que permitan ampliar la cobertura y el impacto de la fiscalización, tanto de los recursos federales como de los recursos locales.
Cuando cambia lo que se mide, cambia lo que importa
El Plan Estratégico Institucional 2018–2026 de la ASF es el mapa de navegación, este documento fija metas institucionales transversales y define indicadores cualitativos y cuantitativos por proyecto. Sin embargo, deja explícito que los montos observados ya no ocupan un lugar central en la evaluación del desempeño. El cambio metodológico no se produce en los procedimientos técnicos de auditoría, sino en la orientación estratégica que redefine qué se mide, cómo se evalúa y qué se considera éxito institucional. Este viraje no viene acompañado de un fortalecimiento equivalente de las capacidades técnicas de auditoría profunda. Eso explica la paradoja observada empíricamente: se audita más, pero se detecta proporcionalmente menos daño económico, en una lógica que recuerda al discurso de que “la corrupción se acabó” sin haberla medido a fondo.
A partir de este marco, desarrollo un análisis en torno a dos ideas centrales. La primera sostiene que la ampliación del universo auditado, cuando no va acompañada de un fortalecimiento proporcional de las capacidades técnicas y metodológicas, tiende a diluir la profundidad de la fiscalización y privilegia revisiones extensivas por encima de auditorías sustantivas orientadas a identificar daños económicos reales. La segunda plantea que la disminución proporcional de los montos por aclarar no puede interpretarse automáticamente como evidencia de una reducción de la corrupción, sino que puede reflejar en realidad límites operativos, cambios metodológicos o una orientación creciente hacia auditorías de cumplimiento formal.
Cuando auditar más significa observar menos
Auditar universos cada vez más amplios con los mismos recursos humanos, tiempos y herramientas obliga a privilegiar revisiones de alcance más general, centradas en el cumplimiento normativo y la verificación documental. Esto es en detrimento de auditorías sustantivas, orientadas a reconstruir trayectorias del gasto, identificar patrones de desvío y cuantificar afectaciones económicas concretas.
En este contexto, la cobertura deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo, mientras la detección del daño económico pasa a un segundo plano. En la siguiente tabla para efectos de comparabilidad, debe advertirse que la serie no es plenamente homogénea: en el Informe General Ejecutivo (IGE) de la Cuenta Pública 2019, la ASF reporta un universo que abarca diversos objetos de revisión (gasto, ingresos, deuda y otros componentes), mientras que en el IGE 2022 el universo se acota al gasto presupuestario, excluyendo expresamente ingresos, deuda y cuentas de balance, entre otros rubros. Para observar con mayor claridad esta tensión entre cobertura y profundidad, resulta útil analizar el Índice de Intensidad de Fiscalización (IIF), que mide la proporción del universo seleccionado que fue efectivamente auditado en cada ejercicio fiscal.
Tabla 1. Índice de Intensidad de Fiscalización (IIF). Muestra fiscalizada como proporción del universo seleccionado.
| Cuenta Pública | Universo seleccionado (mdp) | Muestra fiscalizada (mdp) |
IIF |
| 2018 | 3,856,221.6 | 1,567,509.4 | 41% |
| 2019 | 13,119,635.6 | 4,608,739.8 | 35% |
| 2020 | 754,857.4 | 471,192.4 | 62% |
| 2021 | 1,089,792.5 | 632,286.9 | 58% |
| 2022 | 1,387,169.6 | 991,899.5 | 72% |
Fuente: Elaboración propia con base en los IGE de la ASF (Cuenta Pública 2018–2022). No están disponibles IGE 2023-2024.
Nota metodológica: 2018–2019: total del Sector Público Presupuestario (SPP) reportado por la ASF. 2020–2021: total SPP de la tabla Muestra fiscalizada del gasto presupuestario. 2022: SPP federal reconstruido como suma de Poderes de la Unión, Órganos autónomos y Entidades de control directo y EPE (IGE 2022). IIF = Muestra/Universo; difiere del % ASF (calculado sobre el monto ejercido en Cuenta Pública)
Tal cómo se observa, la evolución del Índice de Intensidad de Fiscalización confirma que la fiscalización transitó hacia esquemas de alta cobertura relativa, particularmente en 2022. No obstante, este incremento en la intensidad de revisión formal no garantiza, por sí mismo, una fiscalización más eficaz. Por el contrario, cuando la cobertura se aproxima a la exhaustividad sin un fortalecimiento equivalente de las capacidades técnicas, el control se vuelve más amplio, pero menos profundo.
Esto valida de manera empírica la hipótesis planteada antes: auditar más puede significar fiscalizar peor si la profundidad del escrutinio se diluye. En 2018, en un contexto de cobertura intermedia, la ASF logró identificar un nivel de daño económico proporcionalmente significativo. Este dato sugiere que, cuando la fiscalización mantiene cierto equilibrio entre alcance y profundidad, la detección del daño resulta más consistente. Pero en 2019, la drástica caída en el tamaño de la muestra coincide con el año de mayor expansión del universo auditado. A pesar de revisar montos históricamente altos, la detección proporcional del daño fue mínima, lo que refuerza la hipótesis de que la ampliación excesiva del universo diluye la capacidad sustantiva de auditoría.
Ahora bien, en la tabla siguiente el descenso en el Índice de Detección de Daño (IDD) puede estar capturando no sólo una mejora real de cumplimiento, sino también una fiscalización con menor potencia para convertir irregularidades en “daño monetizable”.
Tabla 2. Índice de Detección del Daño (IDD). Monto por aclarar como proporción de la muestra fiscalizada Gasto federalizado (MDP)
| Ejercicio | Universo seleccionado (mdp) | Muestra fiscalizada (mdp) | Importe por aclarar (mdp) | IDD = (Importe por aclarar / Muestra) |
| 2018 | 1,826,868.5 | 1,597,399.9 | 142,983.0 | 9.0% |
| 2019 | 1,868,962.5 | 1,647,218.6 | 53,740.6 | 3.3% |
| 2020 | 1,931,166.0 | 1,666,075.7 | 39,565.7 | 2.4% |
| 2021 | 1,967,018.8 | 1,774,528.4 | 52,211.9 | 2.9% |
| 2022 | 2,212,240.2 | 1,921,750.4 | 22,892.1 | 1.2% |
Fuente: Elaboración propia con base en los IGE de la ASF (Cuenta Pública 2018–2022). No están disponibles IGE 2023-2024.
Nota metodológica: Universo seleccionado y Muestra fiscalizada se toman del IGE en el apartado de muestra fiscalizada/auditada del gasto federalizado. El Importe por aclarar corresponde al total de observaciones con importe por aclarar (pendiente de solventación) reportado en el IGE. IDD = (Importe por aclarar ÷ Muestra fiscalizada) × 100. Desde 2020, la ASF precisa que el universo/muestra se refiere a gasto presupuestario, excluyendo otros objetos de revisión (ingresos, deuda, etc.).
En 2022, por ejemplo, la ASF reconoce una concentración extrema: 81% del monto por aclarar en municipios y alcaldías se concentró en 69 de 322 entes. De estos, 407 no generaron monto por aclarar. En términos de desempeño, eso sugiere un patrón de mucha actividad con bajo rendimiento en importes por aclarar en promedio: o bien se está auditando un universo con numerosos casos “en cero” o la selección y el diseño de auditorías favorecen revisiones que no capturan (o no dejan asentado) un daño cuantificable. El resultado es que un Índice de Detección del Daño bajo puede ser, al mismo tiempo, compatible con “mejoras de control” y con pérdida de profundidad sustantiva, es decir, con menos trazabilidad del desvío y del daño.
A lo anterior, se suma un hallazgo importante: los indicadores oficiales de los informes ejecutivos se construyen con exclusiones que tienden a limpiar el cociente con ajustes metodológicos. Por ejemplo, en 2020, la ASF advierte que para el indicador de monto por aclarar como proporción de la muestra auditada no considera 9 014 millones de pesos provenientes de auditorías al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, precisamente porque “al no ser financieras, no tienen muestra auditada”.
Auditar más no es combatir mejor la corrupción
La evidencia analizada muestra que el principal problema de la fiscalización superior en México no es la falta de auditorías, sino la pérdida de profundidad. En los últimos años revisados, este desplazamiento metodológico documentado tiene efectos concretos que afectan a la sociedad. Los fenómenos de alto impacto económico y sistémico han transitado sin observaciones relevantes: ciberataques a instituciones públicas, que evidencian fallas graves de planeación, seguridad digital y control interno; irregularidades persistentes en el ISSSTE, como el arrendamiento de cafeterías y máquinas expendedoras operadas por su propia fundación, que únicamente salieron a la luz tras denuncias internas y no por alertas de la fiscalización; y, esquemas complejos como el llamado huachicol fiscal, uno de los mayores fraudes tributarios recientes, cuya detección provino de investigaciones periodísticas, aduaneras y penales, no de auditorías financieras profundas capaces de reconstruir cadenas de simulación y evasión.
La conclusión es incómoda, pero ineludible: auditar más no equivale a fiscalizar mejor y además puede implicar fiscalizar sin profundidad. Cuando la expansión del universo auditado no va acompañada de auditorías forenses capaces de seguir el dinero, cuantificar el daño y activar responsabilidades reales, la fiscalización se degrada en un ejercicio de cobertura formal. Produce informes, indicadores y narrativas de actividad, pero no resultados efectivos frente a la corrupción.
La paradoja es evidente: mientras la fiscalización se vuelve más amplia, el daño económico detectable se vuelve más estrecho. En ese desplazamiento, la corrupción no desaparece; simplemente deja de ser identificada. El costo de esta ilusión técnica no es abstracto, se traduce en recursos públicos perdidos y controles internos debilitados. Esta afectación permanece fuera del radar institucional pese a la proliferación de auditorías.
Ignacio Labra Delgadillo
Doctorante y maestro en derecho por la Universidad Marista, maestrante en auditoría forense y cumplimiento