“Huachicolera ligada al CJNG defraudó $29 mil millones; equivale a 4 veces La Estafa Maestra”. Cada una de las 15 palabras del título de esta investigación podrían pagarse con un avión presidencial y aún sobrarían dos aviones para llegar a los 29 mil millones de pesos de daño a la hacienda pública provocados por una sola empresa fantasma, Marlaya S.A. de C.V., implicada en la venta de gasolina huachicoleada durante los gobiernos de Morena.
Los montos de los casos de corrupción que estamos comenzando a normalizar en la autodenominada Cuarta Transformación, en particular los vinculados al huachicol fiscal, superan de manera significativa otros casos del pasado e implican un problema más grave de lo que las autoridades reconocen.
Este puede parecer uno más de los cientos de casos de corrupción que se han documentado en México. Para muchas personas es casi indistinguible el cambio de proporción entre un escándalo de cientos de millones de pesos a uno de miles de millones, pero sí existe una diferencia significativa. La dificultad es que 29 mil millones de pesos es una cifra tan absurda y monstruosa que hay pocas maneras realmente efectivas de imaginarla, mucho menos de comunicarla.
29 mil millones de pesos, un monto histórico difícil de dimensionar
Para poder formarse una idea de las dimensiones de un caso de corrupción, cada persona acude a las referencias que tiene sobre cuánto es mucho o poco dinero. El problema es que después de un millón de pesos, para la mayoría de nosotros todo comienza a sonar igual de inaccesible e inimaginable.
De acuerdo con los últimos datos del Inegi, en 10 % de los hogares más pobres, quienes tienen algún tipo de ingresos ganan 85 pesos diarios; por lo que necesitarían 32 años de trabajo, sin gastar un solo centavo, para ahorrar un millón de pesos. En el decil V, el ingreso diario es de 275 pesos, tomaría 10 años; mientras que en el decil X con 1191 pesos, son 2.3 años. Incluso en el 10% más rico, para juntar 29 mil millones de pesos a ese ritmo de ingresos se requerirían 67 mil años, que es casi el tiempo que ha pasado desde que los primeros homo sapiens comenzaron a emigrar de África.
Tal vez por eso, los casos de corrupción que logran asociarse con un bien suntuoso o algo que pueda verse y causar indignación tienen mayor resonancia pública.
La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, fue el inicio del derrumbe del PRI en 2014. El lujo de esa mansión comprada por un contratista de su gobierno materializó de manera elocuente los señalamientos de conflicto de interés y corrupción del mandatario priista. De acuerdo con el avalúo del equipo periodístico que reveló el caso, el inmueble de Sierra Gorda 150 tenía un valor estimado de 86 millones de pesos. Con el entramado de la empresa Marlaya S.A. de C.V. podrían comprarse 337 mansiones como la Casa Blanca de EPN, casi 18 cuadras de la exclusiva zona de Las Lomas de Chapultepec.
Para López Obrador, el avión Boeing 787-8 Dreamliner —antes matriculado como “TP-01, José María Morelos y Pavón”— era el ejemplo perfecto de la frivolidad, el desperdicio y la corrupción de sus antecesores. El expresidente encontró en el avión presidencial una herramienta infalible para controlar la discusión pública: se refirió a él al menos 484 veces en 369 conferencias matutinas distintas; prácticamente, habló del avión presidencial una sexta parte de su sexenio.
El avión presidencial se intentó rifar y vender casi en tantas ocasiones como en las que se dijo que se usaría ese dinero: AMLO prometió destinarlo a hacer hospitales, a financiar planes hídricos, ayudas para migrantes, programas sociales, apoyos para la búsqueda de desaparecidos, etcétera. Sobra decir que no sucedió así y el avión terminó siendo vendido al gobierno de Tayikistán en 1658 millones de pesos. Con las ganancias ilegales que obtuvo Marlaya S.A. de C.V. gracias al huachicol fiscal podrían comprarse 17 aviones presidenciales.
Esto nos permite comparar el caso con una perspectiva histórica, pero sigue siendo complicado imaginar el tamaño real del desfalco. Por eso, en la investigación intentamos traducir el monto a una escala más terrenal: no compararlo únicamente con casos pasados, sino con cosas que la mayoría de la gente reconocemos como parte de la vida cotidiana o de las carencias del Estado. Con ese dinero podrían pagarse líneas de Cablebús o Mexicable, hospitales, planteles escolares, patrullas, policías, presupuestos completos de instituciones públicas.
El comparativo es útil porque obliga a mirar el tamaño del saqueo con referencias más próximas que una cifra con muchos ceros. Pero también tiene un límite: incluso cuando se traduce a obras, servicios o salarios, el monto sigue siendo tan desproporcionado que rebasa la experiencia común. Ese es quizá el dato más inquietante de todos: que estamos ante un caso de una magnitud tal que, aun cuando se intenta volver visible en cosas concretas, sigue perteneciendo al orden de lo casi inconcebible.
Cambio de paradigma: menos empresas, más impunidad, más desvíos
El único caso medianamente equiparable es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, aún hay 72 mil millones de pesos pendientes de ser recuperados o aclarados de la administración del priista de 2010 a 2016. Sin embargo, las investigaciones periodísticas han logrado mapear y poner nombre y apellido apenas a una fracción de ese monto y de las empresas utilizadas. Una investigación de Animal Político y MCCI logró documentar 3617 millones de pesos en una red de 400 empresas fantasma. Posteriormente se documentaron otros 503 millones de pesos y todavía en 2025 una investigación de Quinto Elemento Lab agregó otros 276 millones desviados con 16 empresas. En conjunto, estas investigaciones han dado cuenta de cerca de 5% de lo desviado por Duarte. Del resto, sabemos que el dinero desapareció, pero seguimos sin saber exactamente dónde quedó.
Algo parecido sucede con el huachicol fiscal. De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación del gobierno de Claudia Sheinbaum, el daño al erario por este esquema alcanzó los 600 mil millones de pesos, ocho veces más que todo lo que desvió Javier Duarte. Marlaya S.A. de C.V. es solo la punta del iceberg. Los 29 mil millones de desfalco al vender el combustible ilegal por parte de esta compañía representan apenas 4.8% del monto estimado total de este esquema de corrupción, pero nos dan muestra precisamente del cambio de dinámica. Nunca habíamos visto que una sola empresa fantasma pudiera operar con semejantes cantidades de recursos impunemente.
Este cambio también se ve al compararlo con otra investigación icónica del gobierno de Enrique Peña Nieto: La Estafa Maestra. Ese esquema implicó la coordinación de 186 empresas, once dependencias del Gobierno Federal y ocho universidades estatales que desviaron al menos 7670 millones de pesos. Por decirlo de alguna manera, ese caso implicó una especie de “robo hormiga”, con decenas de contratos y convenios amañados para dificultar el rastreo de la tranza. Mientras tanto, en el huachicol fiscal todo apunta a un modus operandi de tolerancia e impunidad generalizada que permitió que un pequeño número de empresas fueran suficientes para enriquecerse en una proporción exorbitante. Marlaya S.A. de C.V. por sí sola fue responsable de un desvío cuatro veces superior a La Estafa Maestra.
Un esquema con cientos o miles de cómplices
El cambio que significa el huachicol fiscal para los estudios de corrupción es de magnitud, más no de forma, pues la corrupción sigue siendo un fenómeno que funciona gracias a grandes redes de complicidades. Marlaya S.A. de C.V. es una de muchas empresas que participaron en los diferentes segmentos de este esquema. En este caso, se trata de la empresa que comercializaba el combustible dentro del país, pero en esta red participaron también empresas vinculadas al crimen organizado y a redes criminales que se dedicaban a la importación de los buques, al transporte en carretera, la comercialización en gasolineras y hasta la reventa del combustible huachicoleado a los militares para la construcción del AIFA.
Para que esto fuera posible, no sólo se necesitó que los sobrinos del entonces Secretario de la Marina formaran parte de la red, sino también de una multiplicidad de autoridades civiles y militares, así como cientos de cómplices que permitieron que el combustible entrara y se moviera con total impunidad por el país.
Imaginar la operación en tierra del esquema es muy útil para saber por qué era tan lucrativo y cómo es imposible que nadie se hubiera dado cuenta antes sin una amplia red de protección y encubrimiento nacional.
El buque Challenge Procyon, que arribó a Tampico a finales de marzo de 2025, traía 20 millones 944 mil litros de combustible ilegal (y no 10 millones como dijeron las autoridades cuando presumieron el decomiso). Para poder mover esa cantidad de combustible se requieren alrededor de 665 pipas con una capacidad de 31 500 litros cada una. Si pusiéramos esas pipas en una sola fila, mediría alrededor de 16 kilómetros, que es casi la misma distancia que hay del Palacio Nacional al Estadio Azteca. Y cada pipa generaría una ganancia, exclusivamente por la evasión de impuestos, de alrededor de 223 mil pesos.
Cada cuatro pipas llevaban un millón de pesos de ganancia para los criminales que importaban ilegalmente el combustible. De ese tamaño era el negocio y el esquema se repitió muchas veces: tan solo entre 2024 y 2025 se han identificado 31 buques pertenecientes a este modus operandi.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho todo lo posible por tratar de minimizar el caso del huachicol fiscal y desaparecerlo de la conversación pública. Tal vez la evidencia más elocuente de eso es que la prueba de que Marlaya S.A. de C.V. efectivamente fue responsable de un daño histórico de 29 mil millones proviene de una acción oficial por parte del SAT. El 18 de febrero de 2026, las autoridades confirmaron el monto del desfalco en un documento firmado por la Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco. Sin embargo, fue hasta un mes después que salió a la luz, y no porque el gobierno lo presumiera, sino porque fue el centro de la investigación con la que inició este texto.
Aún son más las preguntas y dudas sobre hasta dónde llegaron las complicidades en este caso de corrupción y dónde quedó todo el dinero desviado por el huachicol fiscal, pero es fundamental tener claridad de que estamos ante el que puede ser el caso de corrupción más grande del que tengamos registro en la historia reciente de México… Hasta el momento. Los datos están ahí.
*Agradezco a Raúl Olmos por hacerme partícipe de su investigación sobre el huachicol fiscal y a Santiago Botero Sierra por el análisis y visualización de datos para identificar las menciones de Andrés Manuel López Obrador al avión presidencial, su rifa y/o venta.
Analista político y director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad