El pasado 4 de junio, el Consejero Jurídico del Presidente, Julio Scherer Ibarra, presentó una controversia constitucional en contra de un Tribunal Colegiado de Circuito que le había ordenado al presidente y al senado designar a los magistrados anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). ¿Por qué promover un recurso legal para evitar designar a estos magistrados encargados de imponer sanciones administrativas graves contra de actos de corrupción? ¿Este recurso es una estrategia legal válida o simplemente es una táctica para intentar incumplir una sentencia de amparo?

La controversia constitucional promovida por la consejería jurídica es, tal vez, una de las tácticas más controvertidas (y notoriamente ilegales) de su historia, tanto por razones jurídicas, como por razones políticas.

Para evidenciarlo, recapitulemos los hechos. En 2015, se creó el SNA mediante una reforma a la Constitución. Uno de los pilares de este sistema es la creación de una tercera sección especializada en anticorrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como cinco salas regionales anticorrupción. Estas salas anticorrupción estarán encargadas de substanciar procedimientos sancionatorios por responsabilidades administrativas graves (es decir, por hechos o actos de corrupción) e imponer sanciones: multas por hasta el doble del daño causado por un acto de corrupción, destituciones e inhabilitaciones hasta por 20 años para ser funcionario público o inhabilitaciones para contratar con la administración pública, entre otras. Ningún otro órgano del Estado mexicano está facultado para imponer este tipo de sanciones.

Ilustración: Víctor Solís

Los 18 magistrados anticorrupción que conformarían estas salas debieron ser designados en 2017, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto no hubo voluntad política para hacerlo. El hoy expresidente omitió transparentar la idoneidad profesional y académica de sus candidatos y el senado nunca votó su ratificación o rechazo.

Ante la omisión de designar a estos magistrados, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA promovieron un juicio de amparo en contra del presidente y del senado. En su demanda, argumentaron que esta omisión es violatoria del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción,1 y que los magistrados no sólo deben ser ratificados por el senado (o rechazados para que se nombre a nuevos candidatos), sino que, además, debe justificarse su calidad profesional, ética y académica, para asegurar que el puesto sea ocupado por las personas más aptas.

Así, el 4 de abril pasado, el 10° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México dictó una sentencia de amparo que resolvió en última instancia el asunto: los tres magistrados del tribunal votaron unánimemente a favor de todos los puntos planteados por el CPC, obligando al presidente y al senado realizar los actos tendientes para lograr su designación. El tribunal incluso incorporó a su sentencia un amicus curiae2 presentado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el cual la organización argumentó que todos los integrantes de la sociedad civil dedicados a combatir la corrupción y la impunidad (y no sólo del CPC del SNA) cuentan con interés legítimo para acudir al juicio de amparo sobre estos temas.

Hasta la fecha, esta sentencia dictada el 12 de abril de 2019, sigue sin ser acatada por la nueva administración. El presidente de la mesa directiva del senado ha sido omiso en cumplir su obligación constitucional, respaldada en dos instancias judiciales, de turnar a la comisión anticorrupción (que no encabeza su partido) el inicio de las designaciones. Ello, a pesar de la insistencia del presidente de dicha comisión en iniciar el procedimiento.

Casi dos meses después de dictada la sentencia, el consejero jurídico del presidente intentó evadir el cumplimiento de la sentencia a través de una estrategia sin precedentes: una controversia constitucional contra el Poder Judicial Federal. ¿Por qué es tan problemática esa acción legal?

En primer lugar, el juicio de amparo indirecto sólo cuenta con dos instancias: la primera instancia, que es resuelta por un Juez de Distrito, y la segunda instancia, en un recurso de revisión, que es resuelta por un Tribunal Colegiado de Circuito. Cuando un tribunal colegiado dicta una sentencia en un recurso de revisión, el juicio llega a su fin. Nadie, ni siquiera la Suprema Corte (o, como diría Ulises Schmill, ministro en retiro de la SCJN, ni siquiera Dios) podría revisar o cambiar es decisión.

De esta forma, llegamos al segundo problema: desde que entró en vigor la nueva Ley de Amparo, no ha existido una tercera instancia. La controversia constitucional presentada por la consejería jurídica no es más que un intento por crear una tercera instancia, después de haber perdido la primera y la segunda. Por eso, si la Corte hubiera declarado procedente la controversia constitucional, hubiéramos estado ante una interpretación sin precedentes del juicio de amparo hecha desde el poder judicial en beneficio de las autoridades.

Esta interpretación, cabe decirlo, sería completamente violatoria del principio de igualdad procesal, una de las garantías fundamentales en nuestro Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque implicaría que las personas que se amparen contra las autoridades solamente tendrían dos oportunidades para ganar, mientras que la autoridad, que presuntamente violó un derecho humano, tendría tres oportunidades. Así, se generaría un desequilibrio entre las partes del juicio, dándole más herramientas a la autoridad y dejando a los particulares en una situación de desventaja.

En tercer lugar, una controversia constitucional es improcedente contra resoluciones jurisdiccionales,3 tal como lo establece la Constitución y como lo ha sostenido en diversas ocasiones la Suprema Corte.4 El artículo 105 constitucional prevé un listado taxativo sobre cuándo y contra qué autoridades procede una controversia constitucional. Ninguna de las fracciones de ese listado prevé al Poder Judicial de la Federación (PJF); mucho menos prevé a un Tribunal Colegiado de Circuito. Esto tiene una lógica bastante clara: si es el propio PJF el que decide si un poder (ejecutivo, legislativo u órgano constitucional autónomo; y federal, estatal o municipal) está invadiendo la esfera de facultades de otro poder, ¿cómo podría decidir el PJF si él mismo está invadiendo las facultades de otro poder? Esta última pregunta remite al antiguo dilema acerca de quién vigilará a nuestros vigilantes; sin embargo, ese problema está fuera del alcance del presente texto y de la controversia constitucional bajo análisis.

Afortunadamente, el 10 de junio la Suprema Corte efectivamente desechó la controversia constitucional en cuestión. No obstante, la consejería jurídica, en contra de toda lógica jurídica y política, podría apelar esta decisión mediante un recurso de reclamación ante el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el cual sería resuelto por el pleno de la Corte. Así, quedará en sus manos resolver si esta controversia constitucional, claramente improcedente. En caso de que se admitiera, la Corte (motivada por el consejero jurídico de la presidencia) dejaría en suspenso la designación de los Magistrados Anticorrupción y la consolidación del SNA, mientras que, si se desechara, obligaría al presidente y al senado a cumplir con la ejecutoria del tribunal colegiado y pondría de forma definitiva un límite a los diversos intentos de evadir el cumplimiento de esa sentencia y de sus obligaciones constitucionales.

Por último, pareciera advertirse detrás de esta controversia constitucional la determinación de la actual administración por postergar el nombramiento de los magistrados anticorrupción y, por lo tanto, de impedir la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, ignorando así lo dispuesto por nuestra Constitución.

Esta estrategia no es nueva. De hecho, una de las primeras iniciativas de la actual legislatura, presentada por la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, planteó eliminar las salas anticorrupción del SNA.5 Peor aún, el senador Ricardo Monreal presentó otra iniciativa en la que propuso conformar una tercera sala, pero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el pretexto de combatir la corrupción, pero con la verdadera intención de controlar a la mayoría de nuestro máximo órgano jurisdiccional.6 Esta tercera sala de la Suprema Corte ni siquiera estaría facultada para sancionar o multar actos de corrupción o para recuperar el dinero público desviado, como sí lo estarían las salas anticorrupción del SNA. Así, se busca eliminar a un órgano que podría sancionar actos de corrupción y recuperar dinero desfalcado, para crear otro órgano que no tendría ninguna de esas atribuciones.

Mientras esto ocurre, el gobierno federal, con excepción de algunas de sus dependencias (por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera), sigue sin presentar una estrategia para combatir la corrupción, y sigue sin construir una solución institucional, que sería la única capaz de combatir este problema público.

 

Miguel Alfonso Meza y Luis Gutiérrez
Miembros del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) que forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.


1 Aunque este derecho no está reconocido explícitamente en nuestra Constitución, argumentaron que éste deriva del derecho humano al desarrollo colectivo, el cual sí se recoge tanto en nuestra Constitución como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

2 El amicus curiae es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso (Wikipedia, 12 de junio de 2019).

3¿Qué es una controversia constitucional?”, El juego de la Suprema Corte, nexos.

4 Tesis P. LXX/2004 del Pleno, Tesis 2a. LIX/2006 de la Segunda Sala y Tesis 2a. CVII/2009 de la Segunda Sala.

5Plantea Olga Sánchez Cordero eliminar cinco salas especializadas del TFJA”, Senado de la República.

6Ministros de Troya: la Suprema Corte y la lucha anticorrupción”, Desarmar la corrupción, nexos.