El 21 de agosto de 2019 la cuenta de Twitter de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló lo siguiente: “El próximo 3 de septiembre concluye por decisión del Gobierno de Guatemala, una singular experiencia de cooperación internacional, cuyo éxito, a pesar de las dificultades de los últimos meses, tal vez ni sus gestores verdaderos visionarios alcanzaron a imaginar: @Ivan_Velasquez_”.

La declaración del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, no sólo anuncia el fin de las operaciones de este organismo, sino que vislumbra la victoria de un sistema político que se vio incomodado por las acciones de corrupción de magnitud sistémica que se evidenciaron en Guatemala.

¿Por qué la decisión de un organismo como la CICIG es relevante? Porque la CICIG había logrado posicionarse —además de ganar reconocimiento internacional— como una organización de diseño atrevido y novedoso que ofreció resultados relativamente rápidos. Pero más que resultados prontos, la CICIG se caracterizó por realizar acciones conjuntas con diferentes organizaciones públicas guatemaltecas que tuvieron consecuencias importantes en contra de la impunidad política en Guatemala, a tal grado que su trabajo fue insumo para que se juzgara a las más altas autoridades de ese país: al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, por encabezar una red de defraudación aduanera, en su caso más representativo. Además, el trabajo de la Comisión evidenció a diferentes esferas corrompidas en la administración pública, la policía, la milicia o el poder judicial. La historia de la CICIG, su diseño organizacional, los métodos de investigación, los mecanismos de cooperación y colaboración nacional e internacional y los resultados que ofreció, fueron derrotados por el mismo sistema político que le dio entrada y viabilidad operativa en el año 2006. En las siguientes líneas exploramos por qué su desaparición es una dolorosa pérdida organizacional para las políticas anticorrupción en el mundo.

Ilustración: Patricio Betteo

Los antecedentes de la CICIG

El enfrentamiento armado que vivió Guatemala desde 1962 hasta 1996 dejó una composición social compleja en ese país, pues la existencia de cuerpos armados que le hacían frente al Estado causó una ola de violencia sin precedentes. El conflicto de 36 años fue el más largo y mortífero de la región con un saldo de 200,000 muertos (Open Society Foundation, 2016). El informe de la Open Society Foundation (2016) menciona lo siguiente sobre el país centroamericano:

un Estado incapaz de controlar la violencia y las amenazas contra la estabilidad democrática procedentes de la corrupción política y el crimen organizado. La crisis tiene su origen en la estructura de las instituciones de Guatemala que, a su vez, son el resultado de un largo y complejo proceso histórico configurado por los intereses e incentivos de los actores más poderosos del país en la arena política, militar y económica.

Esta condición ocasionó el aumento de casos de corrupción y la penetración de grupos criminales en la estructura institucional del Estado debido a la fragilidad que éste tenía (Impunity Watch, 2010). Gracias a esa fragilidad, las instituciones fueron corrompidas por la articulación de agentes estatales, la injerencia en partidos políticos, la cooptación de funcionarios y la distorsión de procesos de selección y nombramiento de autoridades de instituciones clave para la justicia. Si esto no daba el resultado suficiente para los intereses de los grupos delictivos, entonces eliminaban físicamente a quienes eran considerados una amenaza a sus intereses (Impunity Watch, 2010).

A partir de la firma del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en 1994, se conformó la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciciacs)—antecedente directo a la CICIG—. Sin embargo, la violencia y la situación de debilidad del Estado continuó en el país. En este clima de violencia sostenido, el gobierno guatemalteco reinició la negociación con la ONU y en 2006 surgió la CICIG, la cual fue un producto posterior al acuerdo de creación de la Ciciacs firmado el 4 de enero de 2004 por la Organización de Naciones Unidas y Guatemala (Impunity Watch, 2010). De esta manera, el acuerdo de creación fue ratificado por el Congreso de Guatemala y la CICIG entró en vigor el 4 de septiembre de 2007 (WOLA, 2015).

La CICIG se creó explícitamente con la intención de “apoyar, fortalecer y contribuir con las instituciones del Estado de Guatemala a investigar, perseguir y desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos y afectan los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos” (Zamudio, 2018). La Comisión es una entidad que tiene absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato y algunas de sus funciones son las siguientes (ver la figura 1):

Figura 1. Funciones de la CICIG

Fuente: Elaboración propia

Para cumplir con estas funciones, y ser aceptada como una organización internacional con capacidades de investigación en un estado soberano como Guatemala, fue necesario construir a la organización con ciertas particularidades. Si bien es una organización internacional dentro de Guatemala, no es considerada una organización de servicio civil de la ONU. La CICIG no recibe financiamiento del presupuesto regular de las Naciones Unidas. Todos sus fondos provienen de donaciones voluntarias de diversos países, administradas mediante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El grupo de donantes está integrado por Noruega, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Japón, Países Bajos y Suecia, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (Zamudio, 2018). De esta forma, la CICIG es un ente novedoso, especial, internacional, pero con capacidades nacionales. Sin embargo, no tiene las características formales de una organización internacional de la ONU, con el fin de permitir un estatus muy delimitado de su acción y así salvar las siempre existentes críticas de violación a la soberanía del país. La CICIG puede, entonces, investigar y apoyar con esa investigación al Ministerio Público y la fiscalía del Estado con el fin de que dichas instancias lleven a cabo las demandas y las persecuciones.

La organización y funcionamiento de la CICIG

La forma en la que la CICIG estaba organizada internamente era la siguiente: un comisionado, el personal especializado y una secretaría. El comisionado es el representante de la CICIG ante el gobierno de Guatemala, así como ante otros estados y organizaciones locales e internacionales. El comisionado es el único personaje quien formalmente pertenece a la ONU. El personal especializado es contratado directamente por el comisionado (es decir, no son del servicio civil de la ONU) y éste incluye a técnicos con experiencia en la realización de investigaciones en derechos humanos, expertos forenses y expertos de la información. Mientras que la secretaría está a cargo de un funcionario internacional que se encarga de la administración general de la institución (Figura 2).

Figura 2. La organización de la CICIG

Fuente: Elaboración propia.

Además, la CICIG estuvo integrada por 173 personas procedentes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Honduras, Italia, México, Perú, Portugal, Suecia, Uruguay y Venezuela. La Comisión también contó con apoyo de 70 agentes de la Policía Nacional guatemalteca, los cuales cumplían con funciones de investigación y seguridad e integraban una unidad de policía que apoya la Oficina de Fiscalía Especial para la CICIG (UEFAC), que fungía como el vínculo y canal de comunicación directo entre el Ministerio Público y la CICIG.

Los funcionarios internacionales que se contrataban eran seleccionados a partir de convocatorias públicas y a la evaluación de sus credenciales académicas y profesionales. Más de la mitad se dedicaba a la investigación de estructuras criminales (CICIG, 2015). De igual manera, los funcionarios nacionales eran contratados atendiendo las políticas dictadas por la Organización de las Naciones Unidas, que incluían la selección de personal formado y experimentado, con capacidad para maximizar recursos y ejecutar eficientemente las tareas encomendadas (CICIG, 2015).

En la Oficina del Comisionado se reunía un equipo de apoyo técnico y ejecutivo al trabajo de la Comisión, una Sección Política donde se coordinaba el trabajo de formulación de recomendaciones para elaborar políticas públicas y reformas legislativas y una Sección de Prensa responsable de articular la estrategia comunicacional de esta Comisión (CICIG, 2016). Así mismo, la CICIG contaba con un Departamento de Investigación y Litigio en el que se generaba la actividad investigadora, a su vez conformado por las unidades investigadoras y las secciones de información y análisis, así como de investigación financiera que acompañaban directamente al Ministerio Público en la investigación de los casos vinculados al mandato de esta Comisión. La CICIG poseía un Departamento de Administración, encargado de prestar apoyo logístico y operativo a sus actividades sustantivas. (CICIG, 2016).

La estrategia de comunicación (Sección de Prensa) fue de suma importancia para su operación porque permitía crear un vínculo entre el trabajo de la Comisión y la sociedad guatemalteca. La comunicación de la CICIG tuvo por objetivo aumentar el conocimiento y la comprensión del trabajo diario relacionado con las investigaciones (CICIG, 2016). Para informar a la mayoría de las personas, la CICIG utilizó diferentes herramientas: el manejo de las redes sociales, conferencias y comunicados de prensa, entrevistas a medios locales, nacionales e internacionales (CICIG, 2016). El lenguaje utilizado era de fácil comprensión para la audiencia en general y la respuesta de la población en los medios virtuales demostró apoyo y seguimiento a la labor de la Comisión, a la vez que permitió a conocer institucionalmente las preocupaciones, dudas y exigencias de la población guatemalteca (CICIG, 2016). La buena reputación a nivel nacional e internacional se debe a esta estrategia de comunicación.

La CICIG, al ser una entidad independiente del gobierno de Guatemala, fue un modelo único de cooperación. La Comisión se constituyó como un organismo independiente de investigación, pero al mismo tiempo operaba y juzgaba bajo el marco jurídico de Guatemala; la intención parecía ser lograr que las instituciones guatemaltecas fortalecieran sus capacidades organizacionales (WOLA, 2015). Para la cooperación, la Comisión tuvo que encontrar una manera de trabajar con sus principales socios, el Ministerio Público y la Policía Civil —instituciones permeadas por las redes dedicadas al tráfico de influencias; reorganizarlas implicó la creación de competencias de análisis, seguridad y unidades de escucha telefónica (OSF, 2016)—. Es importante mencionar que la Comisión no realiza ninguna acción si no es por medio de estas instituciones, pues tiene que acatar el mandato legal guatemalteco.

La organización Impunity Watch (2010) indició que el sistema de justicia guatemalteco carecía de mecanismos efectivos de supervisión de desempeño de los operadores de justicia; incumplía con criterios de selección, ascensos, evaluación y destitución de sus miembros; había discrecionalidad de las autoridades del Ministerio Público y del Organismo Judicial; también expuso la debilidad de los sistemas disciplinarios. Además, mostró que había un problema persistente en la protección que proporcionan el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil a testigos, querellantes adhesivos y operadores de justicia durante el proceso penal (Impunity Watch, 2010).

Si bien en términos nominales la Comisión es un órgano creado por las Naciones Unidas, rápidamente evolucionó para convertirse en una organización muy independiente, gestionada por un comisionado que prácticamente no estaba sujeto a supervisión alguna. Esta libertad para actuar sin la evaluación y supervisión de las Naciones Unidas se ha traducido en grandes ventajas para la CICIG (OSF, 2016). La primera de ellas, y quizás la más importante, se vinculaba con el principio de supervisión legal y política de la discrecionalidad procesal, un mecanismo que pretende garantizar que el afán de un fiscal no invada los límites aceptados ni viole la normativa que rige la conducta de los funcionarios de las Naciones Unidas. La segunda ventaja era que el comisionado de la CICIG tenía la potestad de modificar la estructura y el personal de la organización a su mando, así como determinar su estrategia política y procesal sin la participación de las Naciones Unidas, gastar el presupuesto de 15 millones de USD de la Comisión con tan sólo satisfacer las restricciones internas (OSF, 2016) y continuar las negociaciones con Guatemala y otros gobiernos sin la participación de las Naciones Unidas. Un modelo flexible pero que actuaba en cooperación de un gobierno nacional y su marco normativo.

El caso La Línea

Uno de los casos más emblemáticos investigados por la CICIG es el llamado La Línea, en el que fueron enviados a juicio más de 50 personas, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, por encabezar la red de defraudación aduanera La Línea en la que participaron particulares, exjefes, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas del país. Específicamente, el expresidente fue acusado de los siguientes delitos: asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo (CICIG, 2017).

La Línea tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco. "Uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”, señaló Iván Velásquez (BBC Mundo, 2015). La investigación comenzó en mayo de 2014 “con la sospecha de que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos” (CICIG, 2015). Sin embargo, la investigación fue descubriendo una red que enlazaba telefónicamente —de ahí el nombre de La Línea— a los trabajadores aduanales, los empresarios y una organización criminal que indicaba montos de recaudación y soborno que los importadores debían pagar cuando el semáforo aduanal marcara “rojo”. La red criminal necesitaba que los encargados de las vistas y tramitadores —quienes revisan y dan trámite a las importaciones de productos— en las aduanas fueran puestos en horarios de trabajo específicos. La petición la hacía una organización criminal externa a la SAT. A su vez, la organización infiltraba los tramitadores con ayuda de la SAT para facilitar las órdenes de los horarios y sitios donde se presentarían a trabajar los tramitadores y aduaneros.

La investigación de la CICIG encontró que el uso de La Línea servía para comunicar la estrategia de organización para que los vistas y tramitadores recibieran órdenes de la operación de fraude. A los vistas y tramitadores en las aduanas se les encargaba alterar el sistema de revisión en la aduana para que algunos contenedores fueran revisados de tal forma que se declararan cantidades menores de producto y, por tanto, se declarara la omisión del pago total o parcial de los aranceles e impuestos de esas importaciones (CICIG, 2015). Para cerrar este círculo, a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco, se cobraban sobornos a los empresarios.

En esta última fase, La Línea comunicaba, por medio de una llamada telefónica, cuánto era el valor del impuesto que debía pagar cada contenedor; al mismo tiempo, indicaba cuánto era lo que debía cobrarse en soborno (“la cola” en Guatemala). Con ello los empresarios pagaban entre 30 y 40% menos del monto que debían tributar realmente. Aunque los pagos del soborno no se hacían en ese sitio, los defraudadores construyeron un sistema de cobro por medio de depósitos bancarios que iba a las cuentas de los operadores criminales de la estructura ajena a la SAT. Finalmente, el dinero llegaba a cuatro cuentas bancarias de la empresa Corpgold, cuyo representante era el chofer de Francisco Javier Ortíz, uno de los principales líderes de la estructura criminal. La distribución del dinero se hacía en efectivo en “la oficinita”, un lugar de la zona capitalina de Guatemala (Melini, 2017).

Aunque no se conoce el monto total de lo defraudado, en dos semanas un miembro del grupo delictivo fue capaz de recaudar 2,5 millones de quetzales (unos USD $330,000), de acuerdo con la pesquisa oficial (BBC Mundo, 2015). En la investigación, que implicó 80,000 escuchas telefónicas y 5,000 mensajes de correo electrónico revisados, los investigadores encontraron referencias a "el uno" y a "la dos" que, según la CICIG y la Fiscalía General, corresponden a la participación de Pérez Molina y Roxana Baldetti (BBC Mundo, 2015). Sólo el día de la redada se llevaron en efectivo alrededor de 5 millones de quetzales (USD $60,000) en resguardo judicial En el caso también aparecían implicados Omar Franco, director de la Superintendencia de Administración Tributaria; Carlos Muñoz, su predecesor, y Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta y presunto líder de la organización criminal (BBC Mundo, 2015). Monzón se encontraba de viaje por Corea del Sur junto a la vicepresidenta cuando la fuerza de seguridad del gobierno, junto a la CICIG, realizó una redada en sus oficinas y viviendas a mediados de abril (BBC Mundo, 2015).

Como parte de la estructura de la red, los funcionarios públicos que también estaban relacionados eran: Sebastián Carrera, jefe de Recursos Humanos de la SAT; Anthony Segura, Secretario General del sindicato de la SAT; Carla Mireya Herrera, Administradora Aduanal Central; Gustavo Adolfo Morales, jefe de la División Sur; así como Melvin Gudiel y Julio Robles Administradores en Puerto Quetzal. Por su parte, en la organización criminal, debajo de Juan Carlos Monzón, operaba Salvador Estuardo y, junto con él, al menos nueve personas que tenían relación con la estructura formal de las aduanas. Aunque no aparecían en la red criminal, el expresidente y la exvicepresidenta tenían relaciones muy cercanas con los principales involucrados. A la exvicepresidenta se le asoció de forma directa con su secretario privado, Carlos Monzón, por ser su empleado directo. El expresidente Otto Pérez Molina se introdujo en esta escena por el nombramiento del jefe de la SAT, Omar Franco Chacón en 2014, directamente implicado.

De inmediato, la investigación comenzó a tener un impacto mediático importante. Algunos sectores económicos como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras reconocieron públicamente la satisfacción por operativo para desmantelar la estructura criminal en las aduanas (CICIG, 2015). Fue tal la presión mediática y social que tanto el expresidente como la exvicepresidenta tuvieron que renunciar a sus cargos, pues la sociedad guatemalteca comenzó a salir a las calles a manifestarse con el objetivo de exigir su renuncia frente al hartazgo de los casos de corrupción e impunidad existentes. Aunque, en un principio, la exvicepresidenta se deslindó de la red de defraudación, para finales de abril unas 15,000 personas se congregaron en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala para pedir la renuncia de ambos funcionarios. Las manifestaciones llegaron a todo el país. Para septiembre de 2015, 75,000 guatemaltecos en el interior del país y otros 25,000 en la capital (BBC Mundo, 2015) ya pedían la destitución de Otto Pérez Molina.

Tras la renuncia a sus cargos, otra etapa de la investigación de la CICIG, relacionada con allanamientos a los domicilios de las personas involucradas, dio muestra de que la exvicepresidenta y su esposo eran beneficiarios de cheques y facturas que se encontraron en la casa de Salvador Estuardo, quien era uno los operadores de la red criminal. El 27 de julio de 2017, Baldetti Elías fue llevada a juicio acusada de liderar la red de defraudación aduanera La Línea, junto con el expresidente Pérez Molina.

Por su parte, el expresidente fue vinculado al caso La Línea porque en varias escuchas telefónicas se evidencia la relación directa que tenía con algunos integrantes de la estructura que la CICIG mostró en sus investigaciones, entre ellos Salvador Estuardo y el ex jefe de la SAT Carlos Enrique Muñoz (CICIG, 2015). Además, las investigaciones en los allanamientos localizaron documentos como tablas de distribución de los sobornos, cambios de puestos, y un memorando dirigido al expresidente.

La investigación evidenció claramente la corrupción sistémica que enfrenta Guatemala; además, abrió la posibilidad de mostrar un entramado muy relevante de conexiones entre el gobierno y el crimen. También, mostró que la corrupción sistémica se construye en el tiempo; se mantiene y se adapta: se normaliza. Una de las llamadas intervenidas a la red criminal de Francisco Javier Ortiz captó una conversación en la que afirmó que las operaciones de este tipo en Guatemala llevaban operando casi dos décadas. Señalaba: “es que yo soy nuevo en esto, son más de 18 años trabajando para la defraudación aduanera” (Melini, 2015).

La Línea marcó un antes y un después para la CICIG y la mostró como una organización eficiente, creíble y legítima. A partir de ese momento, todos en Guatemala sabrían que nadie es intocable o, en palabras del comisionado, que “no estamos condenados a vivir en la impunidad” (Zamudio, 2018). La Línea también abrió un nuevo concepto: las Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI). El comisionado Iván Velásquez buscó capturar un fenómeno mucho más amplio: donde se mezclaban actores, contextos y dinámicas legales e ilegales, públicas y privadas, formales e informales (Zamudio, 2018). La diferencia es que, ahora, se visualizaba un fenómeno mucho más completo: clientelismo, amiguismo o, como dicen los propios guatemaltecos, toda una cultura del “avivato” y corrupción. (Zamudio, 2018)

La noción de la CICIG no se abandona. Bajo la nueva categoría se genera un cambio en la definición de la problemática del país y se posibilita una actuación mucho más amplia; incluso dentro de las estructuras legales o dentro del ejercicio cotidiano de la política y la administración pública que constituían puntos ciegos para la CICIG (Zamudio, 2018). En el periodo que va de 2007 a 2015, la CICIG investigó más de 200 casos y obtuvo órdenes de arresto contra 160 funcionarios públicos en funciones (o retirados) incluyendo expresidentes, ministros del interior y de defensa, miembros prominentes del ejército y de la policía nacional, así como líderes de bandas criminales. (Zamudio, 2015)

La CICIG ha publicado 84 casos (www.cicig.org) en los que ha participado en la acusación de servidores públicos y particulares relacionados con casos de corrupción. Las investigaciones de la CICIG apuntan a diversos temas, por ejemplo: casos de seguridad, desvío de recursos de programas públicos, salud pública, corrupción en gobiernos municipales, nepotismo, industria militar nacional, casos contra jueces, y legisladores por citar algunos temas. 

Consideraciones finales

A pesar de los esfuerzos realizados y los avances obtenidos por el sistema de justicia de Guatemala y por la CICIG, es altamente probable que los casos emblemáticos y de alto impacto de la CICIG hayan sacudido a las mafias y estructuras político-criminales de Guatemala, y esto haya agravado las tensiones entre los políticos y la Comisión. Lo que destaca ahora es que las viejas conductas siguen presentes en un aparato estatal incapaz de ocupar los espacios temporalmente rectificados debido a las actividades de la CICIG y el Ministerio Público (OSF, 2016).

El caso de la CICIG representa un caso único que sirve de análisis como una forma de combatir la corrupción y la impunidad con la participación del gobierno y de la ONU. Actualmente, el gobierno guatemalteco no renovó el acuerdo para mantener a la CICIG. Así se da fin a una institución que ha estado presente desde hace 12 años como parte de la política anticorrupción (Pocasangre, 2018). Aunado a ello, el presidente decidió prohibirle la entrada al país al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez (CNN en español, 2018). Esto ha causado distintas impresiones, pues parte de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional está en desacuerdo con que desaparezca esta institución que ha dado grandes pasos contra la corrupción. De hecho, se especula que la decisión del presidente pudo haber sido porque recientemente la CICIG comenzó a investigar un supuesto enriquecimiento ilícito de su propia campaña para la presidencia.

A final de cuentas, la CICIG sufrió los embates y ataques del sistema político al que se supone controla y vigila, y del que dependía su existencia. Como la propia CICIG ha expresado en diversos documentos oficiales, su éxito ha sido muy impresionante y el apoyo de la sociedad, crítico. Pero si la CICIG desapareciera o saliera del país, la lógica de la corrupción, probablemente, se mantendría relativamente fuerte y regresaría paulatinamente a la normalidad. La transformación permanente de las lógicas de intercambio de favores, de tráfico de influencias, de uso de las redes de conocidos no se logra rápidamente. No sólo porque la corrupción, al verse atacada, “muerde de regreso”, algo que en sí ya es impactante. También porque el entramado legal, administrativo, organizacional que vincula al poder político y a la corrupción se ha cristalizado y se autoreproduce. Así como en Brasil el éxito de sus organizaciones dedicadas a identificar y castigar la corrupción ha producido una crisis política importante, en Guatemala es esa posibilidad de crisis la que hizo que diversos actores políticos estuvieran dispuestos a apostar por su salida del país.

Las políticas y los esquemas anticorrupción requieren de una profunda reflexión y una clara estrategia política. Pensar que el reducir la corrupción es exclusivamente un asunto técnico, legal o de incentivos, es observar sólo algunos de los instrumentos a disposición. Comprender la forma en que se afectará al sistema político, a su estabilidad y a los acuerdos básicos que lo componen, parece ser un elemento crítico del futuro de los instrumentos y estrategias para controlar a este grupo de fenómenos y actos que englobamos en el concepto de corrupción.

 

David Arellano Gault
Doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado, Profesor Investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), SNI nivel III y Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Luis Jair Trejo Alonso
Maestro en Administración y Políticas del CIDE. Profesor investigador asociado en la División de Administración Pública del CIDE.

 

Referencias

BBC Mundo (2015), “‘La Línea’: el qué, el cómo y el porqué del escándalo de corrupción que tumbó al presidente de Guatemala”, 3/09/2015.

CNN En Español (2018), “Jimmy Morales vs. Iván Velásquez: ¿de qué se trata la creciente tensión política en Guatemala por cuenta de la Cicig?

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2017), “Caso La Línea: A juicio ex presidente Otto Pérez y ex vicepresidenta Roxana Baldetti”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2015), “Pronunciamiento del cacif por capturas de red criminal”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2015), “Desmantelan red de defraudación aduanera”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2015), ”Modo de operar de usuarios red ‘la línea’”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2015), “Capturan a ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías y solicitan antejuicio contra presidente Otto Fernando Pérez Molina”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2015), “A prisión preventiva ex presidente Otto Pérez Molina”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2015), “Caso negociantes de la salud”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2018), “Caso negocios en la Industria Militar”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2018), “Caso Registro de Información Catastral: una caja de pagos”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2018), “Mandato y acuerdo, 2018”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2015), “Informe de la Comisión Internacional Contra La Impunidad En Guatemala Con Ocasión De Su Octavo Año De Labores”.

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (2016), “Noveno Informe de Labores de la Comisión Internacional Contra La Impunidad En Guatemala”.

Gobierno de Guatemala (2018), Estructura orgánica y funciones.

Impunity Watch (2010), Cambiar la cultura de la violencia por la cultura de la vida. Los primeros dos años de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Melini, S. CICIG: cobraban soborno a cambio de evadir el pago de impuestos. 2015

Open Society Foundation (OSF) (2016), “Against the odds. CICIG in Guatemala”.

Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala (2018), Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pocasangre, H. (2018), “Jimmy Morales no renovará el mandato de la CICIG”.

Washington Office On Latin America (WOLA) (2015) La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Un estudio de la Investigación WOLA sobre la experiencia de la CICIG.

Zamudio, G.L. (2018) The International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG). A self-directed organization, Universidad Iberoamericana, México.