Este mes el Poder Judicial de la Federación podrá fijar un importante precedente en materia de designaciones de altos cargos públicos en México. En enero, un juez de un tribunal mexicano decidirá si el fiscal general de la República cumplió con la Constitución y con las leyes al nombrar a María de la Luz Mijangos Borja como fiscal anticorrupción, el cargo más relegado del país.

La vida pública empezó hace algún tiempo para la doctora Mijangos. A inicios de siglo fue nombrada como contadora mayor de hacienda del entonces Distrito Federal —lo que tiempo después sería la Auditoría Superior de la Ciudad de México, un órgano vigilante del ejercicio de los recursos públicos locales dependiente del congreso capitalino. Ese nuevo encargo implicó que dejara las aulas y el estudio de la ciencia jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ganó prestigio y respeto como investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Jurídicas por más de diez años.

Aunque de 2007 a 2018 siguió ocupando cargos públicos —en la Cámara de Diputados federal, la Lotería Nacional y en el hoy Instituto Nacional Electoral—, su nombre volvió a aparecer en los periódicos nacionales cuando el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador la incluyó en la terna para ocupar la Fiscalía Anticorrupción.  El primer acto de omisión fue no reparar que, en tanto que la Fiscalía General de la República estaba en su camino hacia la autonomía, el titular de la Fiscalía Anticorrupción tenía que ser designado, bajo ciertos parámetros, por el fiscal general y no por el presidente de la República. Al aceptar formar parte de la terna, ¿desconocía Mijangos las reglas?

Ilustración: Víctor Solís

El camino siguió y una mayoría de ciudadanos mexicanos votó por López Obrador como el próximo presidente de México. Una vez en funciones el nuevo gobierno, el titular del Poder Ejecutivo designó, para ser ratificado por el Senado, como encargado de la Procuraduría General de México a Alejandro Gertz Manero y luego como fiscal general de la República.

Y a todo esto, ¿en dónde estaba María de la Luz Mijangos? Era invisible a los ojos de la opinión pública pero no a los del fiscal Gertz Manero quien, sin consenso de la sociedad civil, sin emitir una convocatoria, sin considerar a más candidatos y sin publicidad ni transparencia en el proceso, nombró en febrero de 2019 a Mijangos como nueva fiscal anticorrupción con la anuencia fast track de la mayoría de Morena en el Senado de la República.

El segundo acto de omisión fue dejar pasar una serie de requisitos establecidos por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para garantizar y comprobar que quien fungiera como titular de la Fiscalía Anticorrupción en México fuera la persona idónea para ocupar el cargo. Y, en caso de cuestionarse su autonomía, existiera un espacio en el que la sociedad civil y los propios senadores pudieren advertirla, y el candidato desvirtuarla.

Nada de lo anterior ocurrió en la designación de la actual fiscal anticorrupción. Con la anuencia de los senadores de México —incluidos los de oposición—, el fiscal general nombró a María de la Luz Mijangos Borja sin cumplir con las leyes que el propio gobierno del presidente López Obrador aprobó después de las históricas elecciones nacionales de julio de 2018.

Como todavía existen en México recursos para defender los derechos humanos —hablamos del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y a contar con una buena administración pública, todo ello en el marco del principio de legalidad— la acción de la sociedad civil no se hizo esperar. A través de un juicio de amparo, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) impugnó la validez de ese nombramiento por los mencionados vicios del procedimiento.

No necesariamente se trata de un proceso judicial —como lo señaló The Economist en su penúltima edición— motivado por la cercanía de la fiscal Mijangos Borja con el presidente mexicano y su grupo político. Más bien, como ha sido explicado en párrafos anteriores, el juicio surge porque no fue respetado el procedimiento que conlleva la participación de la sociedad civil, ni se aseguró un proceso real y transparente de selección del mejor candidato.

Dada la independencia del cargo de titular de la Fiscalía Anticorrupción, el legislador previó que si bien el fiscal general de México designa al fiscal anticorrupción, para hacerlo está obligado a cumplir con requisitos muy claros —que involucran inclusive al Senado, como figura de contrapeso—. Lo anterior, para garantizar que la persona que ocupe ese importante cargo sea la idónea y respecto de quien no pueda cuestionarse su dependencia del poder político —véanse los artículos 22 a 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República—.

Sin embargo, en el nombramiento de Mijangos Borja como Fiscal Anticorrupción, no se cumplieron con esas reglas y por ello la demanda de DLM para cuestionarlo ante el Poder Judicial de la Federación.

El tercer acto de omisión fue que, durante el juicio, la fiscal anticorrupción alegó que su designación fue correcta por haber sido hecha por el fiscal general —sin más—, que sí es independiente —a toro pasado—, y que no era válido que las organizaciones de la sociedad civil participaran en ese procedimiento. Peor aún, consideró que DLM no tenía el derecho de promover el juicio. En el escrito de manifestaciones de 29 de mayo de 2019 presentado en juicio por la fiscal especial, cuyos argumentos fueron replicados por el propio fiscal general ante el juez, se lee el desdén por el control y por la rendición de cuentas en los procedimientos de designación de altos cargos públicos, que tantas deudas tiene con México.

A la desazón del proceso de nombramiento de la fiscal anticorrupción se suma la invisibilidad de la que ha sido objeto su titular. No solamente en el proyecto de presupuesto para 2020 le fueron asignados 10 millones de pesos para gastos de operación —lo que en el presupuesto final se elevó hasta 60 millones de pesos—, sino que también ha sido evidente su limitado nivel de maniobra al frente de la misma. No sorprende su ausencia en el Foro sobre Corrupción en diciembre pasado, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.

Con esos antecedentes y los elementos dados por las partes en el juicio de amparo, será en enero de 2020 cuando el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Gorka Migoni, resuelva si lo procedente es condenar al fiscal general de la República a nombrar un nuevo o nueva fiscal anticorrupción, ante el reclamo justo y legítimo de una organización civil que representa las voces afectadas por la corrupción política del Estado.

 

Carlos G. Guerrero Orozco
Presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, asociación civil. Twitter: @DLM_Mx.