De los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana anunciados por Andrés Manuel López Obrador esta semana, el número 18 resulta uno de los que más sentido tiene:

“Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

Un fideicomiso, en términos sencillos, es una bolsa de bienes o derechos que una o varias personas (fideicomitentes) ponen en manos de una institución financiera o bancaria (fiduciario) para la realización de un fin determinado en beneficio de alguien o alguna causa (fideicomisario). En un principio, los fideicomisos se pensaron como instrumentos para disponer de recursos privados basados en la confianza: puedo, por ejemplo, crear un fideicomiso con mi dinero para que, cuando tenga la edad, mi hijo pueda disponer de esos recursos para pagar sus estudios universitarios.

Sin embargo, con el tiempo esta figura también fue utilizada para canalizar recursos públicos: dinero de todos que comenzó a ser depositado en instituciones fiduciarias para cumplir con un fin determinado. El problema es que, al salir de la administración pública, y hasta combinarse con recursos privados, es muy difícil darle seguimiento al dinero y saber con exactitud en dónde terminó.

Ilustración: Víctor Solís

Hace poco, Fundar publicó el reporte Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público que documenta 374 fideicomisos públicos que manejan más de 835 mil millones de pesos (suficiente para pagar 10 veces el presupuesto completo del programa Prospera), de los cuales 123 (33%) operan con confidencialidad y sin transparencia; además, 337 (90%) no cuentan con una estructura administrativa que permita que se manejen sin discrecionalidad ni opacidad. El reporte señala que “esto también explica que se usen como instrumentos para desviar recursos públicos, que se ingresan a fideicomisos opacos o privados, y así evitar la rendición de cuentas”.

Que el gobierno gasta más de lo presupuestado originalmente es algo que he repetido hasta el cansancio, pero vale la pena mencionar que los fideicomisos son uno de los destinos favoritos para estos recursos adicionales: en la Cuenta Pública de 2017 se aprecia que los fideicomisos tenían planificado recibir 39 mil millones de pesos, pero acabaron recibiendo 295 mil millones, es decir, un incremento de 647%. En un entorno donde siempre se escucha la frase “no hay presupuesto”, los fideicomisos no han sufrido la austeridad ni los recortes.

Por esto la propuesta de Morena para limitar el uso de fideicomisos en la administración es sensata, cuestión que hace aún más interesante analizar por qué, entonces, decidieron usar un fideicomiso para ayudar a los damnificados de los sismos del 19 de septiembre (19S) y que ahora les ha implicado recibir una multa del INE por 197 millones de pesos.

Días después del 19S, AMLO publicó un video para anunciar la constitución del fideicomiso 73803, llamado “Por los demás”, en el Banco Afirme y dio un número de cuenta para realizar depósitos. “Esta es la vía más eficaz, segura, de apoyar a los damnificados porque los fondos van a llegar a quien lo necesita”, dijo. Desde ese momento su decisión generó muchas dudas, ya que la ley prohíbe a los partidos políticos la entrega de recursos a los ciudadanos, sin importar la tragedia que se viva, ya que esta conducta no sería diferente de la compra del voto que todos hemos visto con la entrega de despensas, tinacos, cemento, varillas o tarjetas. Por mejor voluntad que se tuviera, dar apoyos de manera directa a los damnificados sería un acto político y un delito electoral, por lo que el camino institucional sugerido por el INE, en caso de querer apoyar con sus recursos, fue devolverlos a la tesorería para que fueran redirigidos por el gobierno.

Sin importar esto, el fideicomiso siguió operando y aparentemente fue muy exitoso. De acuerdo con las investigaciones del INE, en las que analizó la información de los movimientos bancarios gracias a la colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, el fideicomiso recibió 78.8 millones de pesos.

Si estos recursos hubieran provenido de ciudadanos llamados a la acción por el mensaje de AMLO, también estaríamos ante una irregularidad, pero tal vez menos cuestionable que lo que terminó sucediendo: por un lado, 84% de los aportantes identificados resultaron ser legisladores de Morena. Por el otro, 44.4 millones de pesos (56% del total de recursos recibidos) llegaron al fideicomiso de orígenes desconocidos, se depositaron en efectivo (lo cual estaba prohibido) y, además, llegaron con una logística muy particular: en un periodo de una semana, a varias sucursales del banco fueron personas que hacían depósitos individuales de 50 mil pesos en efectivo y que no sólo lo hacían una ocasión, sino que parecían ser más que bondadosas, acaudaladas, ya que repetían esta operación una y otra vez en un mismo día en una misma sucursal. Esto último no es una especulación del INE, sino que se encuentra documentado en las grabaciones de los propios bancos.

Pero supongamos que esos 44 millones de pesos en efectivo cuyo origen se desconoce no son un problema y que todo se justifica por el noble fin de ayudar a los damnificados. Aquí es donde aparece la cereza del pastel: una vez que los recursos se concentraron en la cuenta del fideicomiso, 64.5 millones de pesos salieron mediante la emisión de cheques de caja, de los cuales 80% se emitieron a nombre de militantes, candidatos y funcionarios de Morena. Un cheque de caja, a diferencia de una transferencia bancaria, permite sacar el dinero y transformarlo en efectivo sin dejar rastro de en qué se utilizó. 

Si ese dinero sí llegó a manos de personas necesitadas (que aún así sería un delito ya no sólo por la entrega de dinero, sino por el origen desconocido del financiamiento) o no, es un misterio, ya que el dinero en efectivo, más en época electoral, permite hacer prácticamente lo que se quiera por debajo de la mesa. De la administración y uso que se le dio a esos recursos no teníamos más que la confianza ciega en los dichos de los miembros del partido, ya que los ciudadanos que quisieron saberlo y realizaron una solicitud de información, no pudieron saber de dónde venían y cómo se utilizaron estos recursos porque Morena contestó que el fideicomiso no se había constituido con recursos públicos, sino con dinero de particulares, por lo que no había obligación de transparentarlo.

Fue hasta que el INE documentó los movimientos bancarios, contrastó con listas de funcionarios y miembros de Morena y llegó hasta donde pudo para identificar el origen y destino de los recursos, que pudimos constatar por qué es una gran propuesta limitar el uso de fideicomisos para el dinero público y por qué, de manera paradójica, también fue la herramienta utilizada por Morena para mover 64 millones de pesos antes de las elecciones: un fideicomiso es un gran instrumento para usar recursos de manera irregular.

Incluso si, como defienden funcionarios de Morena, los recursos no son de origen ilícito y sí fueron utilizados para apoyar a la reconstrucción (cuestión que no podemos comprobar), la operación de todo este mecanismo se dio violando cuanta regla electoral se requirió. Supongo que esto pasó bajo una premisa de que a toro pasado: una multa por 197 millones de pesos no es nada si el próximo año recibirán al menos 1,500 millones de pesos de prerrogativas y, además, se llevaron el carro completo.

Si queremos consolidar realmente nuestra democracia y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de verdad quiere hacer una Cuarta Transformación, la violación de las reglas en casa no debería quedar impune (el sexto lineamiento para combatir la corrupción propone combatir los delitos de corrupción “trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares, un buen juez por la casa empieza”). Del origen y destino del fideicomiso no podemos saber nada porque no se administró con transparencia ni con rendición de cuentas; ese no puede ser el paso inicial de una administración que pretende desterrar a la corrupción y la impunidad del país. 

Leonardo Núñez González.
Investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Twitter @leonugo