“Te sientes completamente insegura y vulnerable en cualquier lugar en que tú estás. No quiero morirme, no quiero que me maten, no quiero que me levanten, pero estar así no es vida. [Las autoridades] me dieron un botón de pánico, pero no tiene señal. Haces la llamada y solo te contestan ¿todo bien? – Karla, Colectiva Hasta Encontrarte Guanajuato
En México, la respuesta del Estado frente a las violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras de personas desaparecidas es prácticamente nula. Con base en un cuestionario aplicado a 661 buscadoras por Amnistía Internacional México, como parte de su informe Desaparecer Otra Vez, las mujeres buscadoras reportaron 7,902 casos de violencias y afectaciones. Sin embargo, las autoridades sólo recibieron reportes o denuncias en 17% de los casos; investigaron sólo en 1% de los casos, castigaron a personas responsables en menos de 1% de los casos y dieron apoyos en apenas 2% de los casos.
De acuerdo con el informe, nuestro país enfrenta una grave crisis de desapariciones —muchas de ellas forzadas— con más 128,000 personas desaparecidas y no localizadas. Cada una de las personas que integran esa cifra ha dejado un vacío en sus familias que ahora tienen la misión diaria de buscar a su ser querido desaparecido. Bajo este contexto, son principalmente las mujeres —madres, hijas, hermanas, esposas— quienes asumen el rol de buscadoras como respuesta a las omisiones de las autoridades.
El dolor de las mujeres buscadoras apenas comienza en el momento en el que su familiar desaparece, pero sigue en sus primeros contactos con las autoridades. Inevitablemente, sufrirán de revictimización, discriminación, criminalización y un sinfín de violencias por parte de las instituciones estatales. El dolor provocado por estas violencias es invisible ante los ojos que no atraviesan el mismo camino. De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, 97% de las 661 mujeres buscadoras de México y Centroamérica que fueron entrevistadas señalaron que enfrentaron violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de su ser querido desaparecido. En contraste, únicamente 3% expresó que no enfrentó ningún tipo de violencias y afectaciones (14 de las 661 personas). El reporte engloba violencias sufridas y afectaciones y las identifica en cuatro categorías: seguridad (como ataques, amenazas, secuestro y extorsión), salud (como insomnio, depresión, adicciones o deterioro general), económicas (como pérdida de trabajo o pérdida de recursos) y sociales (como deterioro de relaciones familiares o revictimización).
Buscadoras han reportado diversas violencias y afectaciones por autoridades. Por ejemplo, Mary Elisabeth Martínez Castro, madre buscadora hondureña, afirma que ha sufrido revictimización por parte de la fiscalía mexicana, que le ha cambiado de asesores legales en numerosas ocasiones, obligándola a repetir su testimonio. Araceli Rodríguez, madre buscadora, cuenta que, en 2011, durante una reunión con familiares de desaparecidos, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le dijo que “debería reflexionar sobre su muerte y sobre cómo le gustaría morir”. Beatriz Zapoteco Neri, mujer indígena que busca a su esposo, afirma que para las personas indígenas ir a denunciar es todo un reto, desde las distancias que tienen que recorrer para llegar a las fiscalías, hasta las barreras del lenguaje. Integrantes de la colectiva Hasta Encontrarte Guanajuato comparten que durante una protesta en 2020 muchas de sus integrantes, incluidas personas de la tercera edad fueron golpeadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, detenidas y criminalizadas.
A pesar de la gravedad de estos hechos, del total de las mujeres buscadoras que fueron violentadas o afectadas, solo 55% reportaron, al menos, un incidente ante las autoridades. Aún peor, únicamente 17% de las violencias y afectaciones sufridas fueron reportadas o denunciadas ante autoridades mexicanas (1,355) y el resto, no. Al revisar por tipos de violencias, el mayor número de reportes por parte de las buscadoras son por amenazas (106 de los 1,355); sin embargo, al ver la proporción únicamente de las denuncias, cuatro de cada 10 buscadoras sufrieron robo o asalto. Asimismo, reportaron en menor medida las afectaciones relacionadas con la salud y economía tales como adicciones (11 del total), apatía por hacer cosas que disfrutaban o dejarlas de hacer completamente (10%) y despido o pérdida de trabajo (10%). La falta de reporte de las violencias y afectaciones se debe a muchos aspectos; entre los más referidos por las mujeres buscadoras están impunidad, corrupción, discriminación, revictimización y criminalización por parte de las autoridades. Sin embargo, también mencionan falta de confianza hacia las instituciones, falta de conocimiento de los procedimientos para reportar o denunciar algún problema, falta de recursos para hacer el reporte o la denuncia, así como una percepción de invalidación de las propias buscadoras sobre los problemas que sufren. Es decir, las buscadoras creen que su problema no es importante.
Independientemente de las denuncias o reportes, las autoridades sólo recibieron solicitudes para atender esas violencias o afectaciones en 9% de los casos . En particular, las autoridades recibieron principalmente solicitudes para atender amenazas (24%). En menor medida,recibieron solicitudes de apoyo para tratar adicciones de las buscadoras (4%). La baja recepción de solicitudes de apoyo se podría deber a la falta de capacidades o interés de las personas servidoras públicas para recibir solicitudes de apoyo. Por parte de las personas buscadoras, estos niveles de solicitudes también pueden explicarse por la falta de confianza hacia las instituciones o la invalidación de sus propias dificultades, entre otras razones.
Las autoridades sólo realizaron investigaciones o indagaciones por las violencias y afectaciones que enfrentaron las buscadoras en 82 casos (1%). Principalmente, realizaron investigaciones en casos de amenazas, aunque como proporción de las violencias que fueron denunciadas, son los casos de ataques o lesiones físicas (6%). No realizaron investigaciones o indagaciones por casos de secuestro, despido o pérdida de trabajo, desplazamientos forzados, corrupción, acoso por parte de autoridades o accidentes, por mencionar a los más relevantes. Nuevamente, la falta de investigaciones podría deberse a la falta de capacidades o de interés de las autoridades que investigan, así como a la falta de recursos o apoyos de las buscadoras para impulsar las investigaciones.
Las autoridades únicamente sancionaron a las personas responsables de las violencias y afectaciones que enfrentan las buscadoras en 9 casos . Exclusivamente sancionaron un caso de amenazas, uno de lesiones o ataques físicos, uno de robo o asalto, uno de extorsión, uno de accidente, uno de ira, uno de depresión, uno en que se halló deterioro de relaciones con familiares y con amistades. La falta de sanciones podría deberse a la falta de capacidades e incentivos de impartidores e impartidoras de justicia, la falta de recursos o apoyos de buscadoras para participar en juicios, entre otros.
Aunado a lo anterior, las autoridades brindaron apoyos para atender las violencias y afectaciones que enfrentan las buscadoras en apenas 2% de los casos; es decir, en 126 de ellos. Las autoridades principalmente dieron apoyos, para atender depresión (15 de 484 que sufrieron ese problema) y para atender amenazas y lesiones o ataques físicos (4%). Las autoridades no dieron ningún apoyo para atender ataques por redes sociales, corrupción, tortura, así como revictimización o acoso por parte de las propias autoridades , abandono escolar de familiares de menores de 18 años y adicciones. Lo anterior podría deberse a la falta de interés de las autoridades por resolver esos problemas, la falta de capacidades o herramientas, entre otros.
Estos hallazgos muestran al menos dos grandes conclusiones sobre las violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras. Primero, las autoridades recibieron escasas denuncias o reportes de las violencias y afectaciones que enfrentan las buscadoras de personas desaparecidas, recibieron aún menos solicitudes de apoyo. A pesar de las pocas solicitudes recibidas, las autoridades iniciaron muy pocas investigaciones, escasas veces castigaron a las personas responsables (o casi nunca) y otorgaron apoyos a las buscadoras en pocas ocasiones. Segundo, las autoridades atendieron algunos temas puntuales de seguridad (como amenazas o lesiones), sin embargo, usualmente fueron indiferentes ante otros aspectos cruciales de seguridad para las buscadoras (en particular, relacionados con el propio gobierno), así como otros ámbitos de la acción de búsqueda como de economía, de salud y de relaciones sociales y comunitarias. Hay que señalar que este artículo no ahonda en la calidad de la respuesta de las autoridades ante las violencias y afectaciones.
Los testimonios de las mujeres buscadoras evidencian que la falta de respuesta del Estado perpetúa y agrava las violencias y afectaciones que sufrieron. Visibilizar las violencias y afectaciones que enfrentan y contrastarlas con la respuesta del Estado es necesario para dignificar sus historias e impulsar cambios reales en los mecanismos de atención. A pesar de las acciones y omisiones estatales, las buscadoras han logrado realizar de manera humana las labores de un estado fallido. Han tejido redes de apoyo, acompañamiento y cuidado que nos enseñan otra forma de buscar justicia.
Daniela Zamora Casillas
Estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y es voluntaria en Amnistía Internacional México.
Imagen disponible en https://drive.google.com/open?id=1cUqLcGZjPwysTJtjOBJBMgazyBI9aCsY&usp=drive_fs