Ante la inconstitucionalidad, inconvencionalidad e ilegalidad del “Acuerdo” con el que el presidente pretende clasificar a sus proyectos de infraestructura como obras de seguridad nacional, es lógico pensar que se debe tener acceso a un mecanismo de protección constitucional, para que el Poder Judicial de la Federación ejerza un contrapeso al Ejecutivo.

La política energética de Andrés Manuel López Obrador ha dado mucho de qué hablar. No obstante, la discusión ha omitido un ángulo relevante para el espacio público: los riesgos de corrupción.

Conforme la discusión internacional sobre corrupción ha ganado fuerza, se ha reconocido que, para desarrollar estrategias que permitan prevenir y combatir la corrupción, es necesario tener un enfoque integral que involucre a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Una estrategia que no involucre a todos los sectores de la sociedad está destinada a fracasar.

Actualmente, con la prisión preventiva oficiosa vigente para los delitos fiscales, las autoridades pueden afirmar que tienen el 99 % de posibilidades de ganar los procedimientos establecidos contra los particulares. Hasta el día de hoy, no conozco ni un solo caso en el que, durante la etapa de conciliación, los contribuyentes hayan optado por la confrontación con el Servicio de Administración Tributaria.

No es un mito ni es paranoia; no es un ataque contra el actual gobierno ni un problema nuevo: el desabasto de medicamentos existe y se ha agudizado en los últimos años, afectando la vida de miles de personas en México.