La promesa de que el pueblo mexicano sea el que decida si debe enjuiciarse a los expresidentes no es más que una buena intención política, pues no tiene fundamento jurídico alguno, y es contraria a la obligación jurídica de denunciar actos que pudieran ser constitutivos de delitos.

Un gobierno que cree que la lucha contra la corrupción es un asunto de mandato, de moralidad o de buenas intenciones se engaña a sí mismo y engaña a los ciudadanos. A final de cuentas, un esfuerzo de lucha contra la corrupción no puede dejar de ser un acto político donde diferentes actores intentan ganar puntos y legitimidad.

Acabar con la corrupción fue una de las promesas de campaña de López Obrador, pero los avances han sido acotados: las expectativas de que la corrupción pueda resolverse han bajado; en la materia, la evaluación ciudadana del gobierno ha caído. Sin embargo, esto no implica una derrota electoral en 2024: los votantes tienden a ser más tolerantes ante la presencia de corrupción y castigar menos que en rubros como la economía y la inseguridad.

Morena, en ese momento bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador, violó la ley y abiertamente le mintió a la autoridad electoral al operar un esquema de financiamiento paralelo. La información actual nos impide conocer la dimensión real de esta operación, pero el hecho es incontrovertible.

Si los mexicanos no confiamos en las instituciones con las que tenemos mayor contacto —sea la policía de proximidad o las autoridades electorales que organizan comicios—, es síntoma de una doble crisis: de representación y de legitimidad.