Hace un año, documentamos el optimismo de más de 45 millones de personas por experimentar un cambio de estrategia en el combate contra la corrupción y advertimos que sin un planteamiento integral esas altas esperanzas podían verse defraudadas. Esa ventana aún parece existir, pero se está cerrando.

El Caso Lozoya, que sacó a la luz actos de corrupción en el Congreso para la aprobación de diversas leyes del Pacto por México, es un claro ejemplo de la crisis de legalidad en el sistema jurídico mexicano, pone en tela de juicio la legitimidad democrática de las leyes emanadas de actos de corrupción y, con ello, el deber de obedecerlas.

Si los actos de corrupción afectan nuestros derechos humanos, ¿quiénes deben ser considerados víctimas de los delitos de corrupción? Esta pregunta debería ser sencilla, por decir lo menos: las víctimas somos todos.

Los centros estatales penitenciarios del país tienen una deficiencia de 33 % en servicios de salud. En estas condiciones, ¿aumentar la población penitenciaria mediante medidas punitivas no agravaría los contagios más que contenerlos?

El gobierno de Puebla no ha reportado los gastos correspondientes al primer trimestre del año a pesar de ser una obligación legal, mientras que ni ciudadanos ni prensa pueden hacer uso de los mecanismos para acceder a la información.