México tiene la obligación constitucional de reparar violaciones a derechos humanos; aunado a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados deben promover y adoptar medidas para reparar el daño a víctimas de corrupción. ¿Qué tipo de reparación del daño procede cuando se violan derechos humanos por corrupción?

La corrupción ha existido siempre. Hay testimonios de actos de corrupción cometidos 3000 años a. C. Esto no quiere decir que se los pueda legitimar por el mero paso del tiempo, pero sirve para ubicar el fenómeno en su adecuada dimensión y sobre todo para poner en evidencia que la corrupción no es ni puede ser monopolio exclusivo de un determinado momento histórico o de una determinada comunidad política.

Mientras otros países han destinado hasta el 32 % de su PIB a medidas para enfrentar la crisis económica causada por el COVID-19, el gobierno de México sólo ha destinado 0.4 %. Además, rehúye a otorgar estímulos fiscales y antagoniza con el sector privado.

El 21 de mayo el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019. Incluye datos sobre la percepción de la corrupción, la desconfianza en el gobierno y el costo de los sobornos durante 2019. Pero, ¿qué dice realmente la ENCIG?

Lo poco que hoy conocemos revela que el Censo de Bienestar estuvo mal diseñado desde el principio, excluyó a población que debió haber sido integrada y llevó a la creación de un ejército de más de 19 000 Servidores de la Nación cuya función no es del todo clara a la luz de los problemas de este ejercicio que puede ser muchas cosas, pero no un censo.