De acuerdo con la Constitución Política de Ciudad de México, las alcaldías son el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía; sin embargo, son pocas las personas que conocen cómo atienden los problemas públicos en su demarcación y qué resultados alcanzan. Aunado a ello, los mecanismos de control y vigilancia enfocados a monitorear la eficiencia del gasto público en este nivel de gobierno son mínimos y poco útiles. El resultado es que existen importantes ineficiencias presupuestales.

Como buen soldado caído, reconociendo que la guerra en defensa del Poder Judicial está perdida, escribo estas líneas para que quede constancia de lo que vivimos en los últimos meses los humildes combatientes de esta batalla en defensa de la Constitución.

Si bien la flexibilidad constitucional puede ser una ventaja en momentos de necesidad política, las recientes reformas han revelado el otro lado de la moneda: una Constitución que es demasiado fácil de modificar se convierte en un instrumento vulnerable a los intereses particulares, a la erosión de los principios democráticos y, peor aún, a un posible retroceso autoritario.

La propuesta para desaparecer al INAI no solo destruiría a los 33 institutos de transparencia de todo el país, sino también a la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto representa un retroceso de muchas décadas en materia de derecho a la información, transparencia, derecho a la protección de datos personales y rendición de cuentas en nuestro país.

Con la denominación falaz de Simplificación Orgánica, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso extinguir órganos del Estado que son importantes para el bienestar ciudadano y que garantizan sus derechos. La propuesta, en realidad, es una alteración radical de la estructura constitucional y operativa del Estado.