Es urgente implementar una política pública conservacionista en el Centro Histórico de Coyoacán. La privatización e invasión del espacio público, el crecimiento del comercio ilegal y clandestino, así como el cambio de uso de suelo deben ser regulados en tanto contribuyen al deterioro y desaparición de su patrimonio.

La corrupción, lejos de ser un problema resuelto, como lo declaró el exmandatario López Obrador en sus conferencias matutinas, agrava la violación a los derechos humanos. La falta de designaciones para los Sistemas Anticorrupción, así como las reformas aprobadas en los últimos días de su gobierno, son una muestra del autoritarismo que ha dinamitado los mecanismos democráticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en múltiples ocasiones en su intención de construir un sistema de salud universal, gratuito y de calidad, tal como sucede en países como Dinamarca. Para lograr este objetivo, la inversión pública y la eliminación de la corrupción serían la clave. Pero, ¿realmente esto es posible?

¿Estamos siendo testigos de un cambio en las prioridades de la sociedad mexicana, donde los principios de la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho son vistos como prescindibles frente al amplio respaldo popular a liderazgos carismáticos individuales?

Reconocer los derechos de los juzgadores los beneficia no sólo a ellos, sino a la sociedad mexicana, pues contribuye a garantizar un poder judicial independiente e imparcial.