Como ciudadanos nos corresponde señalar a las empresas que dañan a la sociedad y su entorno. Un ejemplo claro es lo que sucedió con Grupo México en Sonora, o lo que sucede con muchas otras empresas mineras en el país que no parecen contar con estándares éticos de responsabilidad social ni con el medio ambiente.

Un par de personas compiten para ser senadores en las elecciones más importantes en la historia de México. Ese par de personas son independientes y pertenecen a una red de candidaturas ciudadanas de personas sin pasados políticos o puestos públicos que buscan, según sus propias premisas, romper los muros del Poder Legislativo.

Cuando López Obrador afirma que la multa impuesta por el INE es una “vil venganza” no sólo no se hace responsable, sino que comete un acto inmoral al permitir que la duda razonable cimbre la legitimidad de su triunfo. Incluso si los tribunales le dieran la razón a Morena, este escándalo ya parece cobrar sus primeras víctimas: la completa confianza al proyecto progresista del gobierno entrante.

De la administración y uso que se le dio a esos recursos no teníamos más que la confianza ciega en los dichos de los miembros del partido, ya que los ciudadanos que quisieron saberlo y realizaron una solicitud de información, no pudieron saber de dónde venían y cómo se utilizaron estos recursos porque Morena contestó que el fideicomiso no se había constituido con recursos públicos, sino con dinero de particulares, por lo que no había obligación de transparentarlo.

Los candidatos presidenciales dicen haber gastado, en promedio, 158 millones de pesos; los candidatos a Jefe de Gobierno, 15 millones y los candidatos a gobernador reportan haber gastado 12 millones de pesos. En contraste, resulta muy llamativo ver que los candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados que reportaron operaciones dicen haber gastado 3 mil pesos y los candidatos plurinominales al Senado dicen haber gastado, en promedio, 16 mil pesos.