Los resultados de una encuesta realizada por Reforma y MCCI en abril pasado sugieren que los ciudadanos que participaron en un acto de corrupción (y aceptaron haberlo hecho) están muy dispuestos a castigar electoralmente al partido en el gobierno.

En los últimos 12 meses, poco más de una cuarta parte de la población en México pagó o le fue pedido un soborno para un servidor público. Así lo revela una encuesta realizada por Grupo Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada en abril pasado.

Los recursos extraordinarios en el Sistema Penitenciario Federal son abundantes y podría haber muchas oportunidades para implementar programas. Sin embargo, la evidencia parece sugerir que los recursos no son empleados en mejorar la vida de las personas privadas de la libertad.

Entre más transparencia exista en las decisiones de los tribunales, menos estímulos habrá para resolver con parcialidad o de manera injusta; en cambio, entre menor acceso tengan las personas a las sentencias que se dictan, mayores serán los incentivos de los impartidores de justicia para cometer irregularidades o, incluso, actos de corrupción.

Lo realmente importante sobre la omisión legislativa de las entidades federativas es que impide la debida implementación y el objetivo del SNA para combatir la corrupción. Implementar y armonizar los sistemas legales estatales generaría un beneficio actual y futuro para la sociedad en general.