La interacción activa de los ciudadanos con la corrupción, ya sea como participantes reacios o como observadores resignados, plantea desafíos significativos para el mantenimiento de un régimen democrático. La resignación ante la corrupción, alimentada por la percepción de su inevitabilidad, mina los esfuerzos por promover la transparencia y la rendición de cuentas.

Hace unos días Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, presentó algunos puntos clave de sus propuestas de política anticorrupción. El más importante de estos puntos es establecer una agencia anticorrupción federal adscrita al poder ejecutivo. Cabe entonces preguntarse: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de agencias? ¿Qué retos y problemas enfrentaría en el contexto mexicano?

Bajo el nuevo esquema institucional de combate a la corrupción en México, los Órganos Internos de Control (OIC) de los municipios desempeñan un papel fundamental. La entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas en 2016 ofreció a los OICs valiosas oportunidades para atender la corrupción en los gobiernos municipales. El problema es que los órganos quedaron en los hechos desactivados.

López Obrador quiere desaparecer el INAI. Pero su propuesta parte de premisas falsas.

La Austeridad Republicana ha sido un arma para eliminar los contrapesos de nuestro Estado de derecho. Es un intento por concentrar más poder en la presidencia de la república, así como de erradicar cualquier voz disidente. En lo que toca al Poder Judicial de la Federación, se trata de una herramienta para socavar la independencia judicial que con gran esfuerzo hemos forjado y fortalecido desde la Reforma Judicial de 1994.