Desde la sociedad civil se han impulsado diversos litigios estratégicos para lograr el indispensable reconocimiento de las víctimas de corrupción. Estas acciones culminaron en una serie de sentencias históricas que han permitido dar materialidad jurídica a esta lucha.

Si los actos de corrupción afectan nuestros derechos humanos, ¿quiénes deben ser considerados víctimas de los delitos de corrupción? Esta pregunta debería ser sencilla, por decir lo menos: las víctimas somos todos.

La batalla por consolidar el sistema de justicia penal es una misión ardua. Propuestas legislativas como la de la amnistía, que pretenden insertar figuras jurídicas novedosas que en realidad sólo lo son en apariencia, le restan fuerza y credibilidad a los instrumentos y mecanismos existentes sin resolver el problema de fondo.