Las tecnologías de información y comunicación, así como los datos que derivan de ellas, son algunas de las herramientas más importantes para tomar decisiones de negocios, generar empleos e incluso exigir el cumplimiento de sus derechos. En este artículo analizo algunas iniciativas que se han diseñado a partir de información pública, en particular a partir de sus beneficios colectivos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece tener dos políticas de transparencia. Una de buenas intenciones, basada en declaraciones emotivas que señalan que nada es secreto. La otra busca esconder la información del gobierno. El caso de la Lotería Nacional, que terminó con un funcionario público presentando una denuncia ante la Fiscalía por un “exceso” de solicitudes de información, es un ejemplo que muestra la tensión entre los dichos y los hechos en materia de transparencia en este sexenio.

Una política de datos abiertos parte de un principio muy básico: la información que tiene y utiliza el gobierno es de todos. Esa información se recopiló, se obtuvo y se procesó gracias a los impuestos de las personas. Esos datos son fundamentales para evaluar el desempeño de las instituciones y de los gobiernos.

Una de las grandes apuestas de este sexenio en materia educativa ha sido la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Sin embargo, las universidades para el bienestar, en los cuatro años que llevan funcionando, se han graduado en la opacidad.