Reconocer los derechos de los juzgadores los beneficia no sólo a ellos, sino a la sociedad mexicana, pues contribuye a garantizar un poder judicial independiente e imparcial.

En el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto (2018), la ASF realizó 1 813 auditorías. Para el primer año de López Obrador (2019), realizó 455 auditorías menos (una reducción del 25 %). Esta es la mayor disminución de auditorías desde su creación y no fue causada por la pandemia.

La impunidad tiene efectos dañinos para la sociedad en general, pero al entrelazarse con el racismo tiene un efecto doblemente nocivo, y puede tener consecuencias mortales. Nuestra policía y nuestro racismo se encuentran cobijados por un Estado que garantiza impunidad ante la comisión de injusticias cotidianas.