En países en vías de desarrollo como México, las instituciones suelen ser ineficientes persiguiendo y castigando actos de corrupción por lo que, sin importar el nivel de paga, los funcionarios no enfrentan un riesgo real de cometerlos. Además, la corrupción a gran escala genera beneficios e incentivos mucho mayores que cualquier comparación con el ingreso que recibe un funcionario público.