No cabe duda que hay muchas cosas que hacer para que la ciudadanía tenga mayor cercanía a la Corte. Sin embargo, el voto popular para nombrar a sus integrantes no es la solución.

Al discutir la Prisión Preventiva Oficiosa prevista en la Constitución, la Corte puede sentar un precedente importante en torno a la inaplicación de normas constitucionales por considerarlas violatorias a los derechos humanos. Esto no es poca cosa, pues implica reconocer que la Constitución —aquel rígido texto supremo de mayor jerarquía normativa— es susceptible de violar a los derechos humanos, de contravenir normas internacionales en la materia y, por ende, de resultar inaplicable a pesar de tener un rango constitucional.

Sin importar el grupo político que nos gobierne, el ataque a la independencia judicial siempre traerá como consecuencia una afectación al sistema democrático.

La opacidad judicial es uno de los grandes problemas del sistema de justicia en México. De acuerdo con un estudio publicado por la organización civil Equis Justicia para las Mujeres, actualmente sólo uno de 32 poderes judiciales locales del país publica todas sus sentencias.

La promesa de que el pueblo mexicano sea el que decida si debe enjuiciarse a los expresidentes no es más que una buena intención política, pues no tiene fundamento jurídico alguno, y es contraria a la obligación jurídica de denunciar actos que pudieran ser constitutivos de delitos.