El Caso Lozoya, que sacó a la luz actos de corrupción en el Congreso para la aprobación de diversas leyes del Pacto por México, es un claro ejemplo de la crisis de legalidad en el sistema jurídico mexicano, pone en tela de juicio la legitimidad democrática de las leyes emanadas de actos de corrupción y, con ello, el deber de obedecerlas.

La injerencia directa del Presidente de la República en la designación de los integrantes del Inmecob y la eliminación del examen de conocimiento de los candidatos atenta contra la naturaleza misma de los órganos reguladores. Eliminar procesos de designación técnicos en los que participan contrapesos de poder terminará por comprometer la autonomía regulatoria frente al Poder Ejecutivo.

La decisión de votar de forma unánime la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla abona a la construcción de la independencia del Poder Judicial frente a la autodenominada cuarta transformación. Sin embargo, sería muy apresurado afirmar que esa sola resolución es prueba contundente de ello.

La participación del Presidente de la República en el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte es resultado del rezago legislativo de una figura constitucional que ha estado a disposición del poder político en turno. Si estudiamos la historia de la regulación constitucional de la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte nos daremos cuenta que esta facultad ha recaído en la institución con más peso político de cada época.

Es de suma importancia blindar a la Suprema Corte de intereses particulares o partidistas que contaminen el debido ejercicio de la defensa constitucional, cuestionando la intervención del Presidente de la República en la conformación de la terna de candidatos a Ministros de la Corte y la ausencia de participación de la sociedad civil en el nombramiento.