A pocos días de que se acaben los plazos establecidos en la ley, los órganos garantes de la transparencia, después de la reforma que puso fin al INAI, no han sido capaces de garantizar ni funcionarios ni adecuaciones normativas internas. Gabriel Espinoza explica los pormenores.

Al incorporar el término de casos de corrupción acreditados se impone una limitante adicional sobre la figura de excepción a la reserva. Este retroceso no sólo impactará en las autoridades garantes de transparencia, además tendrá consecuencias ante el Poder Judicial de la Federación.

Meses previos a dejar el gobierno, Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de iniciativas para reformar diversos artículos de la Constitución. La agenda legislativa que pretende desplegar es vasta, en tanto que se pretenden hacer cambios a los derechos de los pueblos indígenas, al sistema de pensiones, a la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, a las reglas electorales, a la conformación del Poder Judicial de la Federación, entre otras. Además, se plantea la extinción de algunos organismos constitucionalmente autónomos entre los que está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Basta con saber que a raíz de la deliberada omisión legislativa ese organismo se encuentra inoperante. Esta parálisis se traduce, por lo tanto, en la afectación directa de los derechos tutelados por el INAI. A la fecha, suman más de 6300 recursos pendientes de resolución. El objetivo en este artículo es dar cuenta de las afectaciones —directas e indirectas— a los derechos de las personas con motivo de la parálisis de la institución.