La corrupción de la gobernanza está centrada en la exclusión de grupos en la toma de decisiones, muchas veces a través de mecanismos formales, pero también mediante la aplicación parcial y sesgada de las normas.

A pesar de utilizar el combate a la corrupción como una de sus banderas, la aproximación del gobierno de AMLO ha sido principalmente discursiva, sin un compromiso consistente y con una mínima voluntad política.

La visión de las organizaciones como simples instrumentos ocasiona que las reformas fracasen debido a que estas no son mecanismos racionales que actúan o cambian de manera lineal u ordenada.

La moralidad en el discurso de AMLO no difiere de la agenda anticorrupción neoliberal y su propia visión; es más, la agenda anticorrupción de la 4T experimenta una falta de credibilidad por la parcialidad demostrada en los casos en los que se han estado envueltos miembros de Morena y personajes cercanos al presidente.

Un gobierno que cree que la lucha contra la corrupción es un asunto de mandato, de moralidad o de buenas intenciones se engaña a sí mismo y engaña a los ciudadanos. A final de cuentas, un esfuerzo de lucha contra la corrupción no puede dejar de ser un acto político donde diferentes actores intentan ganar puntos y legitimidad.