Tras observar las campañas para jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, cuatro aspectos salen a la luz: la manera en que se seleccionaron los candidatos; las alianzas políticas detrás de las candidaturas; financiamiento de dudosa procedencia; y la incapacidad de la autoridad de hacer frente al volumen de solicitudes.

La iniciativa de reforma judicial presentada por Andrés Manuel López Obrador tiene como eje la elección mediante voto popular de los ministros y las ministras de la Suprema Corte, así como de jueces y magistrados de distrito y de circuito. Si bien la atención de muchos comentaristas se ha centrado en el máximo tribunal, en realidad el aspecto más preocupante de la propuesta es el que atañe a estos últimos.

Que no se alcance el 40 % de la votación en un ejercicio revocatorio hablaría mal del presidente y de quienes solicitan el plebiscito revocatorio: ninguno habría movilizado suficiente a sus bases.

La propuesta de Monreal no puede ser vista exclusivamente como una advertencia sobre la visión del gobierno en relación con los órganos constitucionales autónomos; también puede observarse como el punto de partida de la necesaria reflexión sobre el papel de los órganos constitucionales autónomos reguladores en el sistema político y económico del país.

Las medidas son necesarias y deseables para evitar contagios. Tomarlas sin lógica alguna y discriminando sin razón a una persona por el solo hecho de trabajar en un hospital o por creer que es portador del virus es ilegal y discriminatorio.