La participación ciudadana en México enfrenta profundas desigualdades: mientras algunas entidades facilitan activar mecanismos como plebiscitos o referéndums, otras imponen requisitos casi imposibles de cumplir. Ante este escenario, redes ciudadanas y herramientas digitales comienzan a demostrar que, cuando existen condiciones accesibles, la ciudadanía sí participa y logra incidir en decisiones públicas.