Morena, en ese momento bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador, violó la ley y abiertamente le mintió a la autoridad electoral al operar un esquema de financiamiento paralelo. La información actual nos impide conocer la dimensión real de esta operación, pero el hecho es incontrovertible.

Lo poco que hoy conocemos revela que el Censo de Bienestar estuvo mal diseñado desde el principio, excluyó a población que debió haber sido integrada y llevó a la creación de un ejército de más de 19 000 Servidores de la Nación cuya función no es del todo clara a la luz de los problemas de este ejercicio que puede ser muchas cosas, pero no un censo.

En 2019 se dio una ruptura con un hecho que ya era una costumbre: por primera vez el gasto total fue inferior a lo que había sido considerado en el PEF. A diferencia de años anteriores, en los que el gasto real siempre terminaba superando lo que había sido planificado, en 2019 fue la primera ocasión en que hubo una diferencia negativa de 23 618 millones de pesos, equivalente a -0.4 % de lo presupuestado.

Una vez que ambas piezas estén colocadas, el decreto de austeridad y las nuevas facultades de redireccionamiento por emergencia, tendremos a un presidente capaz de hacer con el presupuesto lo que él decida, sin que nada ni nadie pueda oponérsele; sin tener que detenerse en ninguna trivialidad procedimental o deliberativa, y todo será perfectamente legal.

Hasta este momento el presidente ha insistido en que no acudirá a la deuda. Pero si esta iniciativa, salida ya de la Cámara de Diputados y que se discutirá en el Senado, es aprobada, la facultad de crear un Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias estará ahí y probablemente será utilizada.