El martes 19 de noviembre se publicó la Ley de Austeridad Republicana. Dentro de la misma publicación se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De manera breve, lo que este cambio hace es otorgarle al presidente de la República una discrecionalidad sin precedentes para usar los recursos.

Entre enero y octubre de 2019, siete dependencias del gobierno federal han firmado 16 contratos con seis empresas fantasma por un total de 123.4 millones de pesos.

A pesar de que la corrupción se percibe como uno de los principales problemas del país, hay una mayoría de ciudadanos sin precedentes que cree que puede ser eliminada y, además, tienen altas expectativas de que así sea: 52% de los mexicanos cree que la corrupción disminuirá en los próximos 12 meses.

Andrés Manuel López Obrador ha logrado encontrar una manera de continuar una promoción personalizada en la que, en lugar de actuar y comunicar como un Jefe de Estado, lo hace como si aún fuese un ciudadano que se publicita a sí mismo, con el detalle de que lo hace a costa del erario, vulnerando lo establecido en la Constitución.

En cuanto a salud, el gobierno está haciendo reducciones al presupuesto y está apretando cada vez más el cinturón al pagar cada vez menos de lo planificado. Y todo esto sucede al mismo tiempo que el gasto se está redireccionando a otras prioridades. Por ejemplo, el programa presupuestario con el mayor incremento ha sido el programa de “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, que ha pasado de tener 67 mil millones de pesos en el PEF original a un aumento de 13 mil millones de pesos para llegar a los 80 mil millones.