En lo poco que va de 2019, el gobierno ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma. ¿Quién los entregó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes son estas empresas? Y, tal vez lo más importante, ¿por qué esto ha sido posible si se supone que la corrupción ya había sido desterrada?

Mientras Calderón adjudicó de manera directa en su último año de gobierno casi el 67.7% de los contratos, Peña Nieto lo hizo en el 76.2% de los casos y López Obrador, de enero a marzo, ha recurrido a este método excepcional en 74.3% de los casos. El patrón de conducta de los gobiernos del PAN, PRI, y ahora Morena, sigue siendo el mismo.

El sello de la última administración fue la entrega de recursos directamente a los contratistas elegidos por ellos, con las conocidas consecuencias en términos de corrupción. La compra de las pipas del presidente hace agua por todos lados y, en lugar de darnos certezas de un cambio verdadero, al menos en el uso de los recursos públicos, levanta demasiadas sospechas.

En vista de la crisis que se desató en Venezuela en la que hay dos presidentes reconocidos por diferentes facciones, trataremos de desmenuzar una simple pregunta: ¿quién mandó al diablo a las instituciones venezolanas, Nicolás Maduro o Juan Guaidó?

No podemos quitar el dedo del renglón: nuestro sistema electoral está lejos de ser perfecto y el dinero ilegal es uno de los mayores cánceres que ha venido carcomiendo sus cimientos, sin importar el partido, la ubicación o el orden de gobierno. Sentarnos a creer que el problema va a desaparecer con buena voluntad y sin hacer cambios de fondo en las reglas del juego es una ilusión.