En cuanto a salud, el gobierno está haciendo reducciones al presupuesto y está apretando cada vez más el cinturón al pagar cada vez menos de lo planificado. Y todo esto sucede al mismo tiempo que el gasto se está redireccionando a otras prioridades. Por ejemplo, el programa presupuestario con el mayor incremento ha sido el programa de “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, que ha pasado de tener 67 mil millones de pesos en el PEF original a un aumento de 13 mil millones de pesos para llegar a los 80 mil millones.

En lo poco que va de 2019, el gobierno ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma. ¿Quién los entregó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes son estas empresas? Y, tal vez lo más importante, ¿por qué esto ha sido posible si se supone que la corrupción ya había sido desterrada?

Mientras Calderón adjudicó de manera directa en su último año de gobierno casi el 67.7% de los contratos, Peña Nieto lo hizo en el 76.2% de los casos y López Obrador, de enero a marzo, ha recurrido a este método excepcional en 74.3% de los casos. El patrón de conducta de los gobiernos del PAN, PRI, y ahora Morena, sigue siendo el mismo.

El sello de la última administración fue la entrega de recursos directamente a los contratistas elegidos por ellos, con las conocidas consecuencias en términos de corrupción. La compra de las pipas del presidente hace agua por todos lados y, en lugar de darnos certezas de un cambio verdadero, al menos en el uso de los recursos públicos, levanta demasiadas sospechas.

En vista de la crisis que se desató en Venezuela en la que hay dos presidentes reconocidos por diferentes facciones, trataremos de desmenuzar una simple pregunta: ¿quién mandó al diablo a las instituciones venezolanas, Nicolás Maduro o Juan Guaidó?