Si bien la consulta no fue un ejercicio representativo y la selección de los municipios participantes fue completamente arbitraria, vale la pena detenerse a reflexionar a la luz de estos resultados, ya que la decisión de los electores, más que responder a una ponderación de uno u otro proyecto, parece encontrarse vinculada a las dinámicas políticas producto de la exacerbada desigualdad que ha imperado en México.

De la administración y uso que se le dio a esos recursos no teníamos más que la confianza ciega en los dichos de los miembros del partido, ya que los ciudadanos que quisieron saberlo y realizaron una solicitud de información, no pudieron saber de dónde venían y cómo se utilizaron estos recursos porque Morena contestó que el fideicomiso no se había constituido con recursos públicos, sino con dinero de particulares, por lo que no había obligación de transparentarlo.

Los candidatos presidenciales dicen haber gastado, en promedio, 158 millones de pesos; los candidatos a Jefe de Gobierno, 15 millones y los candidatos a gobernador reportan haber gastado 12 millones de pesos. En contraste, resulta muy llamativo ver que los candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados que reportaron operaciones dicen haber gastado 3 mil pesos y los candidatos plurinominales al Senado dicen haber gastado, en promedio, 16 mil pesos.

En la contienda a la presidencia, el tope de gastos de campaña se definió en 429 millones de pesos. Con datos actualizados al 11 de junio de 2018, los cuatro candidatos reportan, en promedio, haber gastado sólo 30% de lo que pueden. Es de destacar que Andrés Manuel López Obrador dice sólo haber gastado 10.5% de lo que puede y que el candidato que más reporta, Ricardo Anaya, dice que sólo ha llegado a 53% del tope.

La mayor parte de las personas que tienen interés en entender cuánto y cómo se gasta en México acuden, casi de manera automática, a revisar las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esto sucede en casi todos los niveles: desde el estudiante universitario que busca hacer un trabajo escolar hasta los legisladores cuando se sientan a tratar de evaluar o negociar el presupuesto para algún programa, alguna oficina o entidad federativa.