Ante la inconstitucionalidad, inconvencionalidad e ilegalidad del “Acuerdo” con el que el presidente pretende clasificar a sus proyectos de infraestructura como obras de seguridad nacional, es lógico pensar que se debe tener acceso a un mecanismo de protección constitucional, para que el Poder Judicial de la Federación ejerza un contrapeso al Ejecutivo.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece uno de los primeros mecanismos de contraloría social en nuestro país: cualquier ciudadano que denuncie una falta administrativa puede vigilar que se actúe efectivamente contra los hechos que denunció y que las cosas no se queden en la impunidad de siempre.