La participación ciudadana en el combate a la corrupción debe ser lo más abierta posible, sin que la clase política o la sociedad civil organizada —a pesar de sus buenas intenciones— impongan restricciones injustificadas, como lo es la cercanía con una organización partidista o gremial.

Está documentado e inclusive es cosa juzgada el hecho de que el gobernador cometió actos de corrupción durante su campaña presidencial, lo cual no debe quedar impune. Pero proceder de forma impulsiva y sin apego a la ley abre la posibilidad de que este objetivo no se logre, de ahí la importancia de que cada autoridad cumpla con sus atribuciones.