El balance de las responsabilidades patrimoniales bajo el modelo de la reforma anticorrupción es trágico: sólo el 0.09 % ($ 309.9 millones de pesos) de los 358 600 millones de montos irregulares ha llegado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Imposible pensar en otro escenario que retrate con mayor claridad la impunidad de quienes abusan del erario: menos del 1% de las irregularidades detectadas por la ASF llegan a la última instancia procesal para que los responsables reciban una sanción.

Esta primera de dos entregas analiza los procesos de fiscalización del gobierno desde la definición de auditorías hasta la determinación de daños patrimoniales. La segunda entrega detallará el seguimiento de estas responsabilidades como indicador de desempeño de la fiscalización.

El presupuesto global anticorrupción ha disminuido 13 % en términos reales entre 2018 y 2022. La LXIV legislatura, con la mayoría de Morena y sus aliados, ha acotado las capacidades presupuestales de las instituciones anticorrupción.

Para el presidente la austeridad es sinónimo de combate a la corrupción, aunque esto debilite aún más un aparato gubernamental de por sí menguado y con espacios muy limitados para la profesionalización de los servidores públicos.

El registro, medición y seguimiento de los recursos destinados al combate a la corrupción necesita evolucionar. Para ello debe partirse de un par de premisas: no todo el presupuesto de las siete instituciones del SNA se destina a acciones al combate a la corrupción (como el caso del CJF), y no todos los recursos que buscan hacer frente a la corrupción se ejercen a través de las instituciones del SNA.