Los gobiernos estatales, menos vigilados y, hasta hace poco, con menos contrapesos que el federal, han sido un “foco” de corrupción muy importante en el sistema político mexicano. La historia de nuestro país es prolífica al respecto.

Mientras Calderón adjudicó de manera directa en su último año de gobierno casi el 67.7% de los contratos, Peña Nieto lo hizo en el 76.2% de los casos y López Obrador, de enero a marzo, ha recurrido a este método excepcional en 74.3% de los casos. El patrón de conducta de los gobiernos del PAN, PRI, y ahora Morena, sigue siendo el mismo.

La corrupción parece inevitable en el contexto en el que vivimos, pero no lo es. No es que nuestros valores sean muy distintos a los de otros pueblos, es que nuestras expectativas sobre el comportamiento de las autoridades y el funcionamiento de las instituciones es el que es: discrecional, opaco, clientelar, rentista, nepotista, selectivo e ineficaz.